El alcalde de la capital grancanaria, Augusto Hidalgo, anunció el pasado 31 de agosto que iba a bajar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a más de 23.000 familias con escasos recursos económicos, mediante la creación de un programa de subvenciones que, en las situaciones más apuradas, cubrirían el cien por cien del pago de la contribución. Ese día hacía justo un mes que el Gobierno tripartito había solicitado a la Dirección General del Catastro, como han hecho unos 2.900 municipios de toda España, que actualizara en un 10% el valor catastral para compensar la bajada automática, en el mismo porcentaje, que entraría en vigor en enero del próximo año, al decidir el Gobierno de Mariano Rajoy, en pleno año electoral, que no prorrogaría más la subida que impuso en 2012 a los municipios. El catastrazo se compensaba con la bajada del tipo y seguramente, Hidalgo pretendía mantener la decisión a escondidas hasta después de las elecciones generales para evitar la utilización electoral del peliagudo asunto.
Z Silencio en el pleno
Seguramente por esa razón, el regidor socialista no dijo nada el día de la presentación del IBI social, que tanto recuerda al anunciado en 2009 por Jerónimo Saavedra para intentar suavizar una tremenda subida de la contribución de un 28,8% en plena crisis económica. Aquel IBI social finalmente quedó en agua de borrajaas porque sólo se acogieron a la medida algo más de un millar de personas de las más de 30.000 a las que iba dirigida.
Hidalgo siguió manteniendo silencio y tampoco desveló el asunto en el pleno del pasado 25 de septiembre, durante el debate de una moción presentada por el el exalcalde del Partido Popular (PP), Juan José Cardona, en la que pidió al tripartito que bajara el IBI entre un 10% y un 15%. Hidalgo se escudó en que la reducción de siete millones que supondría la bajada de la contribución le impediría prestar correctamente los servicios municipales y recordó a Cardona que el PP subió los impuestos en 2012, justo lo contrario de lo que prometió en la campaña electoral.
Z El listado del BOE
El incremento salió a la luz cuando este periódico preguntó sobre el asunto hace más de una semana al coordinador de Economía y Hacienda, Benito Cabrera, tras ver en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que Las Palmas de Gran Canaria aparecía entre un listado de más de 2.000 municipios en los que se aplicaría la actualización del coeficiente del valor catastral que establece la Ley de Presupuestos Generales para 2016. Cabrera reconoció que habría subida del valor catastral y que se neutralizará con la bajada del IBI. Es cierto que Cabrera nunca dijo que Madrid lo había ordenado, pero también es verdad que no sacó del error a esta periodista cuando dio por hecho y así se lo dijo que era una imposición del Gobierno de España. Un error, inducido por el anterior concejal de Hacienda, Agustín Gutiérrez, que advirtió en varias ocasiones durante los últimos dos años que 2016 era el año límite que tenía esta ciudad para actualizar el valor catastral. La última vez que lo dijo fue en noviembre del pasado año, en una entrevista en la que, entre otras cosas, afirmaba: "A partir de 2016, que existe una revisión obligatoria del valor del catastro, se irá incrementando el valor de los inmuebles. El Ayuntamiento intentará bajar los tipos para que lo que tenga que pagar el contribuyente sea lo mismo". Exactamente lo mismo que lo que viene asegurando desde hace varios días Augusto Hidalgo. El pasado viernes llegó incluso a colgar en su facebook un vídeo en el que vuelve a afirmar que había bajado el tipo del IBI para "impedir" que la subida del catastro "tenga un efecto sobre los bolsillos de los ciudadanos".
Además, Tanto Benito Cabrera como Hidalgo han asegurado que el anterior alcalde tenía previsto hacer lo mismo.
Y parece que las acusaciones son ciertas a juzgar por la previsión de ingresos para 2016 y 2017 que el exconcejal Agustín Gutiérerz envió a Madrid el 20 de marzo de 2014. Según esas tablas, a las que ha tenido acceso este periódico, la previsión de la recaudación del IBI para 2016 era similar a la de 2015 y para el año 2017 contemplaba incluso un aumento de un millón de euros. Los populares aseguran ahora que el Gobierno central no obliga a subir el valor catastral y que, de haber gobernado, hubieran bajado el IBI un 20%, lo que habría permitido al mismo tiempo actualizar el coeficiente catastral al valor de mercado y al mismo tiempo, darle un respiro a los ciudadanos. Pero eso ya es imposible comprobarlo.
