"Me salvaron la vida, pero ahora me la están quitando con este calvario administrativo", se lamenta Lucía Sánchez Romero. Tiene 66 años y la angustia no la deja vivir desde que la Agencia Tributaria Canaria le embargó parte de su pensión de jubilada, tras la reclamación por impago del Hospital Negrín, que le facturó 25.978 euros por una operación, pruebas y la hospitalización durante más de un mes. Lucía estuvo al borde de la muerte, no en vano permaneció en coma durante un mes, del que sobrevivió milagrosamente, tras sufrir un derrame cerebral y ser intervenida para extirparle un aneurisma. Desde el Hospital Negrín aseguran que iniciaron el procedimiento administrativo de reclamación de la deuda porque "cuando fue operada, no tenía cobertura de la Seguridad Social".
Sánchez, por su parte, asegura que cotizó durante 35 años como autónoma -gestionaba una agencia de aduanas con un socio- y reconoce que durante tres meses o más, no recuerda, dejó de cotizar, tras dejar de trabajar por la grave enfermedad que padecía. Tras el derrame, le detectaron cinco aneurismas en el cerebro y la intervinieron para extirpare uno. "Yo no sé ni lo que hice meses antes de que me diera el derrame cerebral. Estuve loca perdida y nunca se me pasó por la cabeza que me iba a quedar sin cobertura médica" por darse de baja durante unos meses. "Si no, jamás se me hubiera ocurrido", cuenta impotente Lucía, que ha tenido que recurrir, desesperada, a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para pedir una ayuda que le permita pagar el alquiler de su casa. Su hija Susana afirma que dejó de contribuir a la Seguridad Social, tras caer enferma, porque "empezó a arreglar los papeles de la jubilación".
Lucía cobra 720 euros de pensión de jubilación y vive en una casa de alquiler por la que paga 400 euros. "Cada mes me quitan 400 euros de la pensión, ¿con qué como?", se pregunta desesperada Lucía que, debido a la grave enfermedad, de la que todavía se recupera, no supo reaccionar a tiempo y cuando pidió la ayuda de un abogado y reclamó ya era tarde. La maquinaria burocrática que se puso en marcha la está aplastando. Presentó un recurso de reposición contra el embargo de su cuenta bancaria por la Agencia Tributaria Canaria que se llevó a cabo en diciembre de 2014, por el impago del dinero que le facturó el Servicio Canario de Salud, pero el organismo de la Hacienda canaria lo ha rechazado, debido a la que califica como "extemporaneidad del caso".
Apremio
La Agencia canaria señala en la resolución emitida esta semana que Sánchez tuvo que haber recurrido antes, cuando recibió las liquidaciones del Servicio Canario de Salud o las providencias de apremio. Lucía asegura que no fue consciente de lo que estaba pasando y que reclamó a Atención al Paciente del Hospital Negrín, pero no le sirvió de nada. Su hija Susana añade que acudió a Hacienda, "pero le decían que tenía que reclamar por escrito. Cuando los servicios sociales municipales le dijeron que contratara a un abogado, así lo hicimos hace seis meses". Pero ya era demasiado tarde. Susana teme por su madre. Pesa menos de 50 kilos y parece un espíritu de lo delgada que está. "Físicamente está muy desmejorada y cada vez come menos. Tiene anemia y no quiere comer. Dice que se quiere morir. Ha recibido asistencia psiquiátrica porque se tomó un bote de pastillas. No vive, pensando en la deuda. Esto es una pesadilla", señala Susana. Ella y su hermana ayudan a su madre a recopilar toda la documentación para pedir la ayuda del Diputado del Común. "Es muy injusto lo que le han hecho a mi madre, después de tantos años cotizando. Y aunque no lo hubiera hecho, se supone que en este país existe la asistencia sanitaria universal para todos lo españoles y que no se puede embargar la pensión de una persona que está jubilada", denuncia.
