La Fiscalía de Delitos Económicos ha citado como testigos al concejal en la oposición Juan José Cardona y a cuatro técnicos del Ayuntamiento para investigar la denuncia presentada contra el alcalde y su equipo de gobierno (PSOE, Podemos y NC) por las decisiones tomadas sobre la Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas (Emalsa).
La denuncia, que fue interpuesta por Cardona a finales de enero, atribuye a la junta de gobierno local posibles delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación por omisión y administración desleal. La fiscal delegada de Delitos Económicos en Las Palmas, Eva Ríos, ha abierto diligencias de investigación por el último de esos delitos, aunque no se descarta indagar en otros comportamientos relacionados con el cese de la intervención administrativa de Emalsa.
Ese proceso de control público, que duró 18 meses, lo puso en marcha Cardona a mitad del mandato anterior, cuando era alcalde, pero el nuevo gobierno de Augusto Hidalgo ha finalizado el trabajo sin atender las conclusiones del funcionario designado para fiscalizar la entidad, Rafael Bolívar, quien, en el último de sus cinco informes, detectó hasta 14 incumplimientos contractuales y recomendó al Ayuntamiento reformular las relaciones con sus socios privados, Saur y Valoriza, ante la imposibilidad de controlar la gestión de la sociedad en el marco laboral actual.
Bolívar, meses después de ese quinto informe, cesó como jefe de la Unidad Técnica del Agua y lo trasladaron al servicio de Emergencias. El Ayuntamiento también disolvió el grupo de seis funcionarios que lo apoyaban en las funciones de control, y creó un Comité Técnico Asesor del Ciclo Integral del Agua, que está compuesto por tres trabajadores municipales: Benito Cabrera, economista y jefe del Órgano de Gestión Económica y Financiera del Ayuntamiento; Miguel Padrón, ingeniero y jefe de la Unidad Técnica de Parques y Jardines, y Juan Sáez, jurista adscrito a la Unidad Técnica del Agua.
La función de este comité de expertos es revisar y controlar todos los elementos que atañen a las relaciones contractuales entre la empresa y la administración municipal, con finalidad de seguir los criterios y recomendaciones realizados por la consultora KPMG.
El estudio elaborado por esta empresa, que fue encargado por los socios privados a espaldas de Bolívar y costó 244.000 euros, es el que ha escogido el grupo de gobierno para revisar la relación contractual con Emalsa, dejando en un segundo plano los cinco informes emitidos por Bolívar.
De ahí la denuncia de Cardona, que también cuestiona la decisión de dejar la revisión de los acuerdos en manos de KPMG, pues el estudio realizado por esta entidad externa fue encargado y pagado por la propia compañía mixta. Algunas de sus conclusiones, además, fueron rechazadas por Bolívar durante el proceso de intervención. Entre las necesidades planteadas por KPGM destacan, por ejemplo, crear una "nueva estructura de precios" en las tarifas por el abasto de agua y la depuración, así como fijar una "retribución razonable" para los socios privados de la compañía, cuyo 66 % se reparten Saur Internacional y Valoriza.
Otro asunto cuestionado en la denuncia es la recepción de la depuradora de Tamaraceite, que fue construida por el Gobierno de Canarias y adolece de problemas de funcionamiento. La infraestructura fue recibida tras la destitución de Bolívar como jefe de Aguas, sin que esté claro su estado y las condiciones en las que será gestionada. Emalsa pedía 300.000 euros para hacerse cargo de la instalación, sostiene Cardona en base a los informes aportados.
La fiscal ha citado al concejal del PP en calidad de denunciante para el lunes; el martes deberá comparecer Rafael Bolívar y para el miércoles están emplazados los tres técnicos del comité asesor.
La finalidad de las declaraciones es separar posibles irregularidades de las reflexiones políticas hechas por Cardona en su denuncia. En la actualidad hay 15 consejeros, directivos y técnicos de Emalsa investigados en el Juzgado de Instrucción número 6 por un delito societario, unos hechos que también fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía por Cardona. La nueva denuncia no se ha acumulado a ese procedimiento porque se centra en el tripartito y, por tanto, afecta a comportamientos y situaciones diferentes.
