El fichaje de los asesores jurídicos, que se ha realizado a través de un procedimiento negociado, le ha costado a la ciudad 19.260 euros y según la resolución aprobada por el concejal de Alumbrado Público y Aguas, Roberto Santana Rodríguez, el contrato tiene como objeto la asistencia técnica a la asesoría municipal para contestar al recurso interpuesto por la empresa mixta sobre la reclamación de capital social. En concreto, Emalsa reclama el reparto de 88,5 millones de euros y se supone que al Ayuntamiento le corresponde 32, 5 millones de esa cantidad global -ya que posee el 34% de las acciones de la compañía- y a los socios privados 56 millones.El alcalde del municipio, Augusto Hidalgo, expresó hace unos meses su confianza en que Saur y Valoriza dieran marcha atrás en su reclamación del pago de dividendos, ante la decisión del gobierno de abonarle el servicio de saneamiento, cuyo pago estaba bloqueado desde 2013, pero la contratación de los abogados externos refleja que los socios privados siguen adelante con su reclamación.

La concejala de Fomento y Servicios Públicos, Inmaculada Medina, justificó la contratación de la auditora privada, porque los letrados municipales tienen que atender otros asuntos del Ayuntamiento y la gran cantidad de litigios con Emalsa exige un trabajo extraordinario. “Se invitó a cuatro empresas”, afirmó, “y la única que presentó ofertas fue Auren y el contrato se efectuó a petición de los servicios jurídicos, que están desbordados con la gran cantidad de trabajo que tienen”. “Estamos intentando resolver”, añadió Medina, “el gran destrozo que ha dejado Cardona en la ciudad con respecto a Emalsa”.

Según la edil, este litigio es consecuencia de la actuación del anterior alcalde popular que, “en vez de conciliar y buscar soluciones a los problemas, los aumentó, en este caso, por dar la callada por respuesta a la reclamación de la compañía”. Medina recordó que los socios privados presentaron en julio de 2014 un escrito por la vía administrativa en el Ayuntamiento, en el que reclamaban el reparto de 88,5 millones de dividendos. “Cardona no respondió y la empresa presentó un recurso contencioso-administrativo en los tribunales en julio de 2015. Ahora estamos resolviendo todos los pufos que nos dejó el señor Cardona. Emalsa presentó la demanda porque Cardona miró para otro lado y no respondió a su reclamación inicial. No le quedaba otra”, sostuvo.

La responsable de los servicios públicos municipales aseguró que se está intentando convencer a los socios privados para que retiren la demanda, algo que no se debe haber logrado, a juzgar por la decisión del Ayuntamiento de contratar a un bufete privado para defender los intereses municipales. El contrato con Auren se autorizó el pasado 26 de abril y a principios de este mes se aprobó el pago de un total de 19.260 euros.

Los peritos de Auren fueron los encargados de realizar, tras la exigencia en 2012 de Juan José Cardona al consejo de administración, la auditoría de los contratos de servicios y obras que Emalsa adjudicó a las empresas de sus socios privados, entre ellas Sercanarias. Esta auditoría fue puesta en tela de juicio por la fiscal de Delitos Económicos, Eva Ríos, que criticó la “falta de rigor” y la “más que dudosa fiabilidad de sus conclusiones”. Pese a las deficiencias detectadas, Ríos encontró en la auditoria indicios suficientes para denunciar el daño que dichos contratos habían causado a la empresa mixta e impulsó un proceso penal por presunto delito societario, por el que están siendo investigados 15 ejecutivos de la compañía, ya que la causa sigue en marcha.

El Partido Popular (PP), por su parte, se ha mostrado muy crítico con la contratación de los abogados externos y consideró que la “ausencia de dirección del Ayuntamiento” en materia de Aguas “le sale cara al Ayuntamiento”. “El pago de casi 20.000 euros a un gabinete externo de abogados, aprobado sin proceso de concurrencia alguno y contratado expresamente para responder algunas de las continuas reclamaciones económicas que Emalsa realiza al Ayuntamiento, es una muestra más de la pésima decisión para la ciudad que supuso el fin de la intervención de Emalsa”, denunciaron los populares, que rechazaron la entrad en “una etapa de ausencia de control de la contratista municipal y las consecuencias de ello empiezan a ser palpables”.

A juicio del PP, “ni las buenas relaciones, ni el clima de entendimiento, ni la voluntad de consenso” por parte del Gobierno municipal han evitado que “Emalsa le presente al Ayuntamiento reclamaciones millonarias de dinero por vía administrativa y judicial. Mientras, el Tripartito deja de ejerce su papel de titular del servicio público y no fiscaliza el grado de cumplimiento de los distintos contratos que tiene suscritos con el Ayuntamiento. Un año de gobierno ha transcurrido ya desde la llegada de los que en campaña electoral anunciaban que remunicipalizarían el servicio y, en cambio, nada más llegar a gobernar, eliminaron la intervención municipal sobre Emalsa y han hecho caso omiso a los informes de los funcionarios municipales que alertaban de varios incumplimientos contractuales”