Planificó el doble asesinato de sus hermanos de manera minuciosa, con una escopeta de caza, un coche de alquiler y una garrafa de gasoil para incendiar la empresa familiar de productos químicos, pero la Fiscalía no puede solicitar una condena de cárcel porque Francisco Javier Manzano Álvarez, de 50 años, sufre un "trastorno delirante de gravedad" que lo convierte en una persona de "alta peligrosidad" para sus familiares. Por ese motivo, ante el desequilibrio "continuo" que padece, la fiscal Teseida García reclama 30 años de internamiento psiquiátrico, 15 por cada delito de asesinato a los que Manzano deberá enfrentarse en el juicio.
Y es que la fiscal, ante la contundencia del informe forense, aprecia una eximente incompleta de la responsabilidad penal y propone que ésta se sustituya por el tratamiento médico en un centro especializado. Es, a priori, la dificultad principal que deberá afrontar el jurado popular al pronunciarse sobre la culpabilidad del acusado en el juicio, pues Manzano ha confesado el doble fratricidio y los forenses han constatado que su delirio sigue activo un año después del espectacular tiroteo.
Ocurrió el 13 de mayo de 2015 en la capital grancanaria. Francisco Javier Manzano salió de su casa sobre las 05.30 horas, repostó en una gasolinera y llenó una garrafa con cuatro litros de gasoil. En el coche llevaba una escopeta de caza Beretta del calibre 12, que estaba cargada con dos cartuchos de perdigones, una bala y dos cartuchos de plomo. También una carabina Walther del calibre 22 con 30 balas. Las dos armas estaban preparadas para disparar. Su objeto, según la fiscal, era "no fallar".
La intención era prenderle fuego a la empresa que su familia tiene en un polígono de Telde, donde fabrican la popular Lejía Manzano, para que saliera su hermano José Antonio y abatirlo con las escopetas. Pero antes fue a la Almatriche, en la capital grancanaria, donde vivía su otra hermana, María Noelia. Allí, en la calle Acebuche, esperó a que saliera del portal y le disparó tres tiros en el tórax. La víctima llegó con vida al hospital, pero murió a los pocos minutos por la gravedad de las heridas: fue alcanzada por dos proyectiles múltiples (perdigones) y la bala con la que su hermano había cargado la Beretta.
Luego se subió al coche y fue "en busca" de José Antonio, añade la fiscal en su escrito de conclusiones provisionales. A esa hora pensó que su hermano estaría en el polígono industrial El Cascajo, en Telde, donde está la fábrica de productos químicos. Así que extremó las precauciones en la conducción y puso rumbo hacia su segundo objetivo. El coche, un Opel Corsa, lo había alquilado días atrás en un concesionario, y le había quitado las pegatinas de la empresa para pasar desapercibido y evitar que lo reconocieran cuando se acercara. Antes volvió a cargar la escopeta con la munición que había descerrajado sobre su hermana.
Llegó sobre las 08.30 horas, pero se encontró con que José Antonio se montaba en el coche y salía del polígono industrial hacia la capital grancanaria. Así que lo siguió. A la altura de la urbanización Eucaliptos I, en Jinámar, embistió el coche de su hermano, se bajó del suyo y le disparó dos veces con la escopeta de caza. Luego se acercó y lo remató en la cara, causándole heridas mortales en el cuello y en la zona del tórax.
El plan que "urdió" Francisco Javier Manzano para "acabar" con la vida de sus hermanos terminó en Telde, donde se cruzó con dos policías locales, se entregó y reconoció lo que había hecho. Por ese motivo el ministerio público contempla la atenuante de confesión de los hechos, que se compensa con la agravante de parentesco.
El acusado obtuvo el permiso E para usar armas de tiro deportivo y escopetas de caza el tres de diciembre de 2014. Hasta ese momento nadie le había diagnosticado la anomalía psíquica que sí le han detectado ahora los forenses del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, con una alteración grave que "vicia" su pensamiento y anula sus facultades. Francisco Javier culpaba a sus hermanos de apartarlo de la empresa familiar que ayudó a crear desde joven.
La Fiscalía, además del internamiento psiquiátrico como medida de seguridad, solicita 190.000 euros de indemnización para la hija de José Antonio y otros 190.000 euros para la hija de María Noelia. El ministerio público reclama la celebración del juicio antes del 15 de mayo de 2017 para evitar que se prorrogue la prisión provisional del acusado. Faltan las conclusiones de la acusación particular y de la defensa. La vista se celebrará en la Audiencia de Las Palmas ante una jurado popular.
