La Asociación Cívica El sol sale para todos, integrada por profesionales, funcionarios y excargos públicos, ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 6 de la capital la personación como acusación popular en la causa que se sigue contra 15 directivos de Emalsa por presunto delito societario. En este proceso están investigados consejeros, ejecutivos y técnicos por la gestión de la compañía mixta, entre 2008 y 2013. La sociedad está en manos privadas en un 66% (Saur y Valoriza), y públicas en un 34% (Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria).
Para los integrantes de la Asociación -entre los que se encuentran dos expertos que trabajaron en la intervención municipal de la compañía, como son Óscar Bermejo y José Jiménez- "los hechos descritos" por el Ministerio Fiscal en octubre de 2013 sobre la gestión de la firma, y que llevaron al juez Luis Galván a iniciar la investigación en diciembre de ese mismo año, "constituyen presuntamente delito societario (todos los tipos)", lo que, según el escrito de personación, incide "directamente en el interés general, no sólo en detrimento del Excelentísimo Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, sino también directamente en el de los vecinos" de la ciudad. Óscar Bermejo, portavoz de este colectivo, explicó ayer que la Fiscalía de Las Palmas apoya la participación de la Asociación en el proceso, cosa que no sucede con los abogados de los investigados, que han rechazado su entrada en la causa y han solicitado una fianza "cuantiosa" si quiere este grupo quiere ejercer la acusación popular.
Daño patrimonial
Los "hechos descritos" por la fiscal de Delitos Económicos, Eva Ríos, en su escrito de acusación de 2013, considera que los directivos investigados de Saur, Valoriza y Satocan gestionaron de forma "desleal" la compañía en ese periodo, y que, en consecuencia, se causó un daño patrimonial al Ayuntamiento y los ciudadanos, sobre todo por cuestiones relacionadas con la facturación de servicios, el cobro de prestaciones indebidas y la firma de contratos para favorecer a terceros, entre otras acusaciones.
El 2 de marzo de 2012, el abogado francés Jean-Pierre Versini-Campinchi presentó una denuncia en un juzgado de Versalles contra dos consejeros de Emalsa, por presunto abuso de bienes sociales, asociación de malhechores y banda organizada, en relación a una operación de compra de una nave industrial en el Polígono Industrial Los Tarahales, en la capital grancanaria. Este asunto, que en la causa general ha quedado en un segundo plano, abrió la caja de Pandora y puso el foco en la gestión del ciclo integral del agua en la ciudad. Poco a poco se fueron conociendo asuntos relacionados con el elevado alquiler de la sede, con la naturaleza y el cumplimiento de los contratos suscritos entre la compañía y el Consistorio, así como la relación con Sercanarias, la empresa adjudicataria -hasta este año- del saneamiento, que está participada en un 50% por los socios privados; también sobre el cobro de tasas por agua que no se ha depurado; entre otras cuestiones que el juez tendrá que dilucidar si son o no constitutivas de delito.
Toda esta información aparecida en los periódicos fue puesta en conocimiento de la Fiscalía por parte del entonces alcalde Juan José Cardona el día de Navidad de 2012. Un año después, el Juzgado de Instrucción número 6 abrió el proceso a los 15 directivos, a los que se les tomó declaración, junto a distintos testigos. En medio de todo ello, el grupo de Gobierno anterior, del Partido Popular, emprendió un proceso de intervención que duró 18 meses, hasta que el Gobierno municipal decidió ponerle fin. Como consecuencia de ello, se acaba de incorporar al caso una nueva denuncia, auspiciada de nuevo por Cardona y que la Fiscalía ha hecho suya, esta vez por presunta "administración desleal" contra el tripartito por las decisiones tomadas desde su llegada al Ayuntamiento hace un año.
