El exinterventor de Emalsa, Rafael Bolívar, ratificó ayer ante el juez todos y cada uno de los incumplimientos contractuales e irregularidades que se denuncian en los cinco informes que realizó, junto su grupo de técnicos de apoyo, durante el proceso de control administrativo de la compañía mixta del agua. En dichos informes el alto funcionario municipal, que fue apartado como jefe de la Unidad Técnica del Agua por el alcalde Augusto Hidalgo tras darle carpetazo a 18 meses de intervención, advierte de la endeble relación jurídica que existe entre Emalsa y el Ayuntamiento; plantea la necesidad de redactar un nuevo contrato y resalta que la negativa de Emalsa a cubrir el fondo previsto para la renovación de las infraestructuras, así como la falta de mantenimiento, provoca el deterioro de la red e impide garantizar en un futuro la prestación del servicio de abasto.
En concreto, Bolívar volvió a poner de manifiesto que Emalsa se ha embolsado 20 millones de euros porque el servicio de depuración por el que cobró no se prestó en su totalidad. Insistió en que debido a la falta de mantenimiento de la red, algunas galerías de servicio, como la de Luis Doreste Silva, se encuentran en estado de ruina y ha sido necesario reforzarla y apuntalarla para que no se derrumbe.
Unas tres horas duró la declaración de Rafael Bolívar, que fue citado en calidad de testigo por el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 6, Luis Francisco Galván, como consecuencia de la denuncia efectuada por la Fiscalía de Delitos Económicos contra el actual gobierno tripartito, al considerar que puede haber incurrido en un delito de administración desleal, por haber liquidado el proceso de intervención y haber metido en un cajón las conclusiones del quinto informe, en las que se advertía de hasta catorce incumplimientos graves por parte de Emalsa y se instaba a denunciar y reformular los contratos. Estas diligencias, que se abrieron como consecuencia de la denuncia formulada por el exalcalde Juan José Cardona se han incorporado al proceso penal que lleva este juzgado contra 15 ejecutivos y técnicos de la compañía mixta por un delito societario.
Acusaciones
La jefa de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, Felicitas Benítez Pérez, que estuvo presente en la declaración junto a los abogados de los ejecutivos de Emalsa y la fiscal de Delitos Económicos Eva Ríos, expresó su desacuerdo con la acumulación de esta denuncia y la de Ciudadanos al primer proceso y se enzarzó con el exinterventor en un agrio interrogatorio que, según aseguraron fuentes presentes en la sala, parecía que Bolívar había acudido en calidad de acusado y no de testigo. Fue el interés mostrado por la letrada municipal en relación con el impago de las facturas del alcantarillado y las críticas al exinterventor, a las que se adhirieron varios abogados de ejecutivos de Emalsa, lo que provocó que buena parte de la declaración girase en torno al servicio de saneamiento y la sentencia que obligó al Ayuntamiento a pagar 6,6 millones de euros, sentencia que se dictó sin que la jueza llamara a Bolívar en calidad de responsable del servicio, según aclaró este.
El juez, por su parte, se limitó a preguntar al funcionario si ratificaba los cinco informes de la intervención y si se había sentido coaccionado durante la intervención, a lo que Bolívar respondió que había sufrido los ataques de doce editoriales publicadas en un periódico local. Fue la letrada Benítez la encargada de poner sobre la mesa la contratación del economista Oscar Bermejo, actual cuñado de Bolívar, como secretario de la intervención. Este negó haber contratado a su cuñado y afirmó que su hermana se casó con Bermejo más de un año después de haberlo contratado, en junio de 2014. Añadió que recurrió a sus servicios porque la empresa de Bermejo ha trabajado para el Ayuntamiento, como consultora, durante los últimos 10 años.
Preguntado por qué razón no se denunciaron los incumplimientos de Emalsa, resaltó que la intervención se puso en marcha para intentar corregir la situación. Por su parte, varios letrados de ejecutivos de Emalsa consideraron que los informes de Bolívar contrastan con el hecho de que la compañía no haya recibido ninguna penalización desde que los socios privados obtuvieron el 66% de las acciones de Emalsa. En opinión de Bolívar, el problema deriva, precisamente, de la existencia de un marco contractual y un sistema de fiscalización débiles, que impiden abrir expedientes.
