La admisión a trámite, por parte del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma, del recurso del grupo Ralons contra la adjudicación a la empresa Clece de la atención a domicilio ha dejado en suspenso el traspaso de la gestión de este servicio, que seguirá explotando en precario la empresa de Miguel Ángel Ramírez hasta que haya una resolución. El tribunal mediador autónomo tiene de plazo máximo hasta enero para pronunciarse sobre la impugnación del grupo Ralons, que también baraja emprender un contencioso en los tribunales contra la decisión de la mesa de contratación que le ha impedido proseguir con la gestión de la ayuda a domicilio, al otorgar la mayor puntuación a Clece. El retraso en la entrada del nuevo concesionario permite al Ayuntamiento ahorrar, aunque de forma involuntaria, cerca de dos millones de euros, porque el nuevo contrato contempla un mayor gasto, que va destinado fundamentalmente a que se cumplan el convenio laboral de los 461 trabajadores.
Ralons considera que la oferta de Clece es "temeraria" y "desproporcionada", porque ha ofrecido 100.000 horas de más en servicios extras durante dos años, que se destinarán a limpieza de choque de los domicilios de los 2.800 usuarios y, también, de personas afectadas por el síndrome de Diógenes.
El concejal de Cohesión Social, Jacinto Ortega del Rosario, por su parte, insistió en que la adjudicación se ha basado en criterios técnicos, que consideran que la empresa puede realizar esas mejoras ofertadas. En relación al recurso, indicó hace un mes que Ralons tenía que haber impugnado la cláusula que planteaba la posibilidad de puntuar las mejoras, cuando se convocó el concurso.
Ortega aseguró que la paralización en el traspaso de la gestión a la nueva concesionaria no tiene ningún efecto negativo sobre el servicio, del que se seguirá encargando Ralons. La principal consecuencia es económica, aclaró Ortega, quien recordó que el retraso en el cambio de concesionario impide aplicar los nuevos precios del contrato, que contemplan un incremento anual de dos millones de euros. En concreto, el nuevo contrato fija una financiación de 8,6 millones anuales por un periodo de dos años, prorrogable por dos más, es decir, una cantidad global de 34,4 millones en el cuatrienio, uno de los de mayor cuantía económica de la ciudad.
El anterior contrato, que fue adjudicado a Ralons, en 2011, tenía un presupuesto de 7,5 millones de euros, pero las partidas presupuestadas no superaron nunca los 6,6 millones de euros. Estaba previsto que el servicio se adjudicara en marzo de este año, pero un primer error formal inicial y las discrepancias habidas en torno a la adjudicación, a lo que se ha añadido la impugnación de Ralons, han provocado que la anterior concesionaria haya seguido gestionado el servicio durante todo el año.
El retraso en la entrada en vigor del nuevo contrato ha hecho, según asegura Ortega, que el gobierno municipal haya tenido que anular el crédito presupuestario de 3,5 millones que se reservo para la nueva concesión. "En septiembre", añadió, "se realizó una modificación de crédito para liberar ese dinero y hacer frente al servicio en precario que está realizando Ralons", un servicio que ha registrado un retraso en el pago, sostuvo, porque no estaba presupuestado, ya que estaba previsto que entrara en vigor la nueva concesión en marzo . "La oposición mintió cuando dijo que habíamos provocado un gasto adicional de más de 100.000 euros mensuales por el retraso en la adjudicación. Ha sido al revés, aunque no era eso lo que buscábamos", afirma.
Ralons presentó el recurso en el Tribunal Económico la primera semana de noviembre. Desde esa fecha, el órgano tiene un plazo máximo de dos meses para pronunciarse, aunque normalmente tarda un tiempo medio que oscila entre el mes y el mes y medio. El Tribunal Económico Administrativo es un órgano independiente e imparcial, de reciente creación, con el que se intenta evitar la judicialización de las adjudicaciones de servicios y obras cuando los concursantes están disconformes con el resultado. El tribunal ha solicitado el expediente al Ayuntamiento y le ha dado traslado del recurso de Ralons para que formule las alegaciones que considere oportunas.
