El propietario del edificio conocido como la Casa Ford reclama al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria el pago de 2,9 millones más los intereses de demora, en concepto de indemnización por los perjuicios económicos que le ha ocasionado la protección del inmueble en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) del año 2000.
El Tribunal Supremo reconoció en 2009 al propietario su derecho a ser indemnizado por la pérdida de aprovechamientos urbanísticos que le provocó la catalogación del inmueble, que fue proyectado en 1950 por el arquitecto Miguel Martín-Fernández de la Torre. La protección cerró la puerta a la posibilidad de construir hasta siete plantas en el edificio de Presidente Alvear 22 y también trajo consigo limitaciones urbanísticas para el solar anexo donde funcionó durante muchos años una gasolinera, que ya cerró. El Alto Tribunal ratificó la decisión municipal de proteger la Casa Ford, pero planteó la necesidad de compensar la pérdida patrimonial a los propietarios.
Sin embargo, la falta de acuerdo entre el Ayuntamiento y el propietario sobre la cantidad a indemnizar en la parte que no fue concretada por el Supremo provocó que el caso volviera a los tribunales. Así las cosas, el pago de una parte de la compensación está pendiente del dictamen te de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Será el juez el que establezca cuanto dinero tiene que pagar la ciudad al dueño del inmueble.
En concreto, el Tribunal Supremo condenó hace ocho años tanto al Ayuntamiento como al Gobierno canario - en el caso de la Comunidad por ratificar el PGOU aprobado por el consistorio que establecía la protección del inmueble- a pagar una indemnización de 1,7 millones, a partes iguales, por la pérdida de aprovechamientos urbanísticos en el edificio. El Gobierno canario ya ingresó toda la cantidad al afectado, según confirmaron fuentes de la propiedad.
La gasolinera
Además de dicha cantidad, el Supremo fijó otros 5,13 millones de euros por los aprovechamientos urbanísticos relacionados con el solar de la estación de servicio, que ya no existe. Sin embargo -y de aquí se deriva el litigio-, el Alto Tribunal estableció que a estos 5,13 millones habría que restarle el precio de la venta del solar con destino a gasolinera. Mientras que la propiedad reclama 2,9 millones, según el Ayuntamiento, la valoración municipal no supera los 2,6 millones, una vez descontados los ingresos de la venta.
Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo el juez encargó una valoración a un perito hace dos años y la propiedad está pendiente de que la sala dictamine el precio que le tiene que pagar el Ayuntamiento, una resolución que debería producirse a lo largo de este año.
Por esa razón, el dueño de la Casa Ford presentó una alegación al presupuesto municipal de 2017 para que se consignara en los gastos el pago de la indemnización, una reclamación que ha sido rechazada por el Ayuntamiento, argumentando que no está obligado hasta que el tribunal se pronuncie.
La sentencia del Supremo sobre la Casa Ford ha sentado un precedente preocupante para el Ayuntamiento, que se enfrenta a una treintena de reclamaciones por parte de propietarios de otros tantos inmuebles que fueron catalogados.
Los dueños solicitan indemnizaciones porque no pueden construir debido a las restricciones del aprovechamiento urbanístico que trajo consigo la protección. El propietario de la Casa Ford proyecta desde hace más de dos años la reforma del edificio para construir un hotel de lujo, un proyecto que necesitaría el visto bueno del consejo municipal de Patrimonio y de Urbanismo. Además, tiene previsto solicitar el cambio de uso del inmueble para que tenga uso residencial en su totalidad, en el caso de que no salga adelante el proyecto hotelero. En la actualidad el inmueble tiene uso comercial y de oficinas. En la planta, donde estuvo la concesionaria Lenflor, ya no quedan negocios.
