Emalsa ha cifrado en 1,2 millones el coste anual de gestionar la depuradora de Tamaraceite, que la compañía entiende que no está cubierto por la tasa de depuración que cobra a los ciudadanos en el recibo del agua. Así se lo ha hecho saber ya al gobierno Tripartito, al que además ha remitido una factura por importe de 639.969 euros, a cuenta de las obras que ha realizado entre junio y diciembre pasado para poner en marcha la planta y corregir algunas de las numerosas anomalías detectadas en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). Entre ellos están los trabajos para insonorizar la planta y acabar con los ruidos que provoca el proceso de depuración.
Transcurridos más de ocho meses desde su puesta en marcha, la depuradora no funciona todavía a pleno rendimiento, para evitar precisamente que la contaminación acústica, que aún no se ha podido corregir, sea mayor. Las denuncias de los vecinos han provocado la apertura de una investigación judicial por un supuesto delito contra el medio ambiente y la salud pública.
Fuentes de Emalsa aseguraron que, de momento, sólo se ha remitido al Ayuntamiento una factura de 639.969 euros por las primeras actuaciones que se realizaron para reparar una parte de las más de 88 anomalías que tenían las instalaciones y propiciar "los efectos curativos" en las instalaciones. La compañía ha detectado fallos, cuya corrección supera los 800.000 euros.
Los técnicos del servicio advirtieron en su día sobre la existencia de muchos de esos fallos y deficiencias de funcionamiento, pero el alcalde Augusto Hidalgo decidió recibir la obra el 27 de enero de 2016 sin un informe de los funcionarios municipales que garantizase que la estación estaba en condiciones de ser aceptada. El Ayuntamiento tendrá ahora que reclamarle a la constructora, a través de Gobierno, la factura por la eliminación de los fallos.
En cuanto a los 1,2 millones que pide por la explotación de las nuevas instalaciones -en esta cifra no se incluye el gasto de electricidad-, Emalsa tiene previsto reclamarlo una vez se cumpla el año de gestión. "Al no haberse cubierto todavía ningún periodo anual, todavía no se ha pasado esa factura", aseguran las fuentes de la empresa. En el caso de que el Ayuntamiento acepte la cantidad que exige Emalsa, la ciudad tendrá que pagar a la compañía una media de 100.000 euros al mes por la gestión de la depuradora. El concejal de Alumbrado y Aguas, Roberto Santana, asegura que el servicio que dirige aún no ha decidido si pagará esa cantidad, una cuestión que están dilucidando en estos momentos los técnicos. "El servicio técnico", sostiene Santana, "tiene que analizar el coste de la explotación, que se obtiene del cálculo del gasto en el uso de productos químicos y el coste del personal, así como otros gastos menores", para cerrar el convenio de explotación de la planta. El sobrecoste por la puesta en marcha de una planta nueva se asumirá, según explica el edil, o bien a través de las tarifas, mediante el incremento de la tasa de depuración, o de una subvención municipal. "El contrato de 1998 dice que el Ayuntamiento, en el caso de que haya sobrecostes en alguna infraestructura como esta, que es una depuradora nueva, y que no se cubra con el recibo del agua, se hará por vía de la subvención y se pagará con fondos propios del Ayuntamiento". En ese sobrecoste, aclara, se incluye también la estación de Tenoya y la estación de bombeo del Negrín, pero la inmensa mayoría del gasto lo genera Tamaraceite.
En cuanto al coste del arreglo de las anomalías, Santana explica que el Ayuntamiento las reclamará a su vez a la Dirección General de Aguas del Gobierno canario, el organismo que adjudicó la obra en 2010 por más de 15 millones y la dirigió. Explicó que, "antes de que venciera la garantía de la planta, a finales de julio de 2016", se envió al Gobierno canario un informe - el pasado 22 de julio- con los defectos que Emalsa pudo detectar hasta ese momento, para que la Dirección General de Aguas retuviera la fianza de garantía a la constructora, una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Ferrovial, Agroman, Cadagua y Hermanos Santana Cazorla. "La Dirección General de Aguas ya le comunicó a la UTE que había una reclamación del Ayuntamiento por deficiencias", señala Santana, que añade que su intención es "pasar todos los gastos relacionados con las deficiencias derivadas de defectos del proyecto".
Indica que los técnicos de la empresa y del Gobierno "llevan meses aclarando qué deficiencias se deben a defectos del proyecto y cuales no. Por ejemplo, el aislamiento acústico que hicimos en Tamaraceite", para intentar acabar con los ruidos, "no lo consideran un defecto del proyecto. Yo ahí discrepo, porque entiendo que en la redacción del proyecto se tuvo que tener en cuenta el ruido de los motores, que son básicos para el funcionamiento de la planta. Es el típico tira y afloja entre el contratista y el que paga. Aguas considera que es un defecto del proyecto porque no se ha tenido en cuenta el ruido".
El edil admite que el coste de la resolución de las anomalías "no son un problema de Emalsa". El Ayuntamiento, dice, tiene que reclamar "esos costes al Gobierno".
