El Juzgado de lo Penal número 3 ha condenado al empresario Manuel Ley por realizar diferentes operaciones con la finalidad de eludir el pago de impuestos derivados de sus ganancias patrimoniales en su declaración de 2008. Entre los bienes afectados figuran una finca con piscina en el sur de Gran Canaria y las participaciones en empresas como Polican SL y Beleyma SL, esta última responsable de importantes promociones de viviendas en la capital grancanaria y en situación de liquidación tras entrar en concurso de acreedores en 2011.
El magistrado Juan Gallego ha impuesto al dueño de Beleyma SL un año y tres meses de cárcel como autor de un delito contra la Hacienda Pública. El empresario deberá abonar una multa de 200.000 euros e indemnizar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria con 194.720 euros, cantidad que se corresponde con la responsabilidad civil de la cuota defraudada en concepto de IRPF.
Según lo hechos probados, Ley "omitió" en su declaración la ganancia derivada de la liquidación de Solei Uno SL, compañía de la que era administrador y titular de la mitad de las acciones. Actuó como liquidador y recibió mediante escritura pública de 26 de noviembre de 2007 los siguientes bienes: Una vivienda con parcela y piscina en El Salobre (1.192.574 euros); participaciones que representan el 50 % del capital de Beleyma (1.009.646 euros); acciones en igual porcentaje de Polican SL (1.714.255 euros); el 45 % del capital de Zima Uno (1.352 euros); títulos de deuda pública del Cabildo (254.000 euros); derechos de crédito contra Beleyma (817.517 euros); derechos de créditos personales (1.640.805 euros), y una deuda hipotecaria a favor de La Caixa de 656.613 euros.
Ni la empresa liquidada (Solei Uno) ni el propio Ley tributaron en el momento de producirse esas adquisiciones. Ambos se acogieron a una disposición transitoria de la Ley de Sociedades que permite diferir el pago del gravamen a los socios hasta que éstos transmitan el patrimonio adjudicado. Pero cinco meses después, el 21 de abril de 2008, también mediante escritura pública, el empresario realizó una ampliación de capital en Primaverde SL, de la que era socio y administrador único, con la aportación de la casa del Sur y las participaciones mencionadas en Beleyma y Polican, entre otros bienes no dinerarios. Unos días más tarde, el 5 de mayo de 2008, Ley donó a sus hijos las participaciones sociales de Primavarde, con la finalidad de "dificultar" la inspección de Hacienda y "eludir de forma intencionada el cumplimiento de sus obligaciones tributarias", explica el magistrado.
Los técnicos de la Agencia Tributaria comprobaron que el empresario había "omitido" en su declaración los rendimientos derivados del alquiler (4.126 euros); que la base imponible del ahorro era de 337 euros en lugar de los 2.015 euros consignados, y que el importe total de las ganancias patrimoniales por las aportaciones a Primaverde ascienden a 1.081.611 euros. La cuota que debería haber abonado por esos beneficios no declarados es de 194.720 euros, según la sentencia.
Manuel Ley recurrirá el fallo judicial ante la Audiencia de Las Palmas porque rechaza las conclusiones de los inspectores de Hacienda sobre las que el juez fundamenta su resolución. Asegura que no ha ocultado "beneficios ni nada", sino realizado una "simple" donación.
Tampoco está conforme con el cálculo de la cuota defraudada, que ha sido determinada en base al valor de los bienes asignados en la liquidación de su sociedad, entre otros motivos porque un juzgado anuló la tasación realizada a su chalé del Sur y se hizo un cómputo erróneo de la hipoteca que arrastra el inmueble, explica el empresario.
Ley vive al margen de la actividad empresarial porque sufre una incapacidad total que le impide trabajar debido a una grave enfermedad. En el juicio apeló a su escasa salud y al "cataclismo" financiero que provocó la caída de Beleyma, artífice de la Manzana de Oro al sembrar de edificios la calle Luis Doreste Silva, tras derribar las viejas casas que lindaban con Molino de Viento, entre otras promociones en la Minilla y en otras partes de la ciudad.
El juez sigue el criterio de la Fiscalía de Delitos Económicos de Las Palmas y le condena por cuatro indicios: La omisión de la tributación de las ganancias patrimoniales generadas por la aportación a Primaverde de los bienes y derechos obtenidos en la liquidación de Solei Uno; los "especiales conocimientos" de Ley como economista y experto en materia de sociedades; el "breve tiempo transcurrido" entre las adjudicaciones de los bienes y los derechos procedentes de Solei Uno y su posterior aportación a Primaverde, y la "inmediata" transmisión posterior de la mayoría de las acciones o participaciones a sus hijos.
