El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha rechazado el recurso presentado por la Agrupación Independiente de Fiscales (APIF) contra un decreto que entró en vigor el 1 de diciembre de 2014 para establecer en la Fiscalía de Las Palmas un nuevo modelo de trabajo y de distribución de los servicios.
La sentencia, por tanto, avala el sistema diseñado e implantado por Guillermo García-Panasco Morales, que dejó la jefatura de la Fiscalía de Las Palmas a finales del pasado mes de julio, tras ser nombrado teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, una unidad que se encarga de asesorar a los fiscales de sala del Tribunal Supremo (TS) y al Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, quien promovió dicho ascenso al tratarse de un puesto de libre designación.
García-Panasco tomó posesión de su nuevo destino en Madrid el pasado 1 de septiembre, en un acto al que asistió Maza y el fiscal Superior de Canarias, Vicente Garrido. Tras la jura del cargo, el Ministerio de Justicia ha publicado este lunes el concurso para cubrir la plaza de Las Palmas, entre otras vacantes.
A la jefatura provincial de la Fiscalía se puede presentar cualquier fiscal que atesore diez años de servicio, pero se trata de un nombramiento de confianza y el Consejo Fiscal será clave en la designación. De ahí que los contactos y apoyos en Madrid sean importantes para la elección. En Las Palmas hay un buen ramillete de fiscales que cumplen con creces ese requisito, aunque los nombres que más suenan son los de Miguel Pallarés, Rosa Rubio, Beatriz Sánchez y Antonio López. Este último, además, es teniente fiscal y ha sustituido de manera accidental a García-Panasco. Los aspirantes tienen diez días desde el lunes para presentarse.
La APIF impugnó el decreto de García-Panasco por arbitrario, pero la Sala de lo Contencioso establece que el reparto de las guardias de la capital (210 euros) entre todos los fiscales está motivado, igual que otros cambios para potenciar las áreas especializadas y distribuir las carga laboral con más eficacia, todo con vistas a superar el modelo anterior, que estaba condicionado por la dispersión de sedes. La sentencia es susceptible de recurso ante el TS.
