Los tribunales continúan anulando la protección de casonas en la capital grancanaria. A la descatalogación de un edificio de Martín-Fernández de la Torre (edificio Hidalgo) en la calle Alonso Alvarado esquina Colmenares y Muelle Las Palmas se añade ahora la anulación de la catalogación del palacete de San Bernardo y otro caserón en la calle Canalejas, número 21. A estas sentencias que consideran que no está justificada la protección que se les adjudicó en su día se unen otros fallos que están obligando al Ayuntamiento a indemnizar a los propietarios porque la catalogación de sus casas les impide construir más, como es el caso de la Casa Ford o la Casa Sánchez. La ciudad se enfrenta a una treintena de reclamaciones millonarias por recursos interpuestos, que están pendientes del fallo judicial.
El concejal de Urbanismo, Javier Doreste, dio cuenta ayer durante la comisión de pleno de Desarrollo Sostenible, de las dos sentencias, que habrá que acatar en el marco del nuevo Plan de Protección Triana-Vegueta, pendiente de aprobación definitiva, y del nuevo Plan de Protección de Perojo, en fase de elaboración, en el caso de la casa de la calle Canalejas 21. El nuevo Plan de Protección de Vegueta-Triana permitió el uso residencial al palacete de San Bernardo, que sólo admite una función administrativa, un cambio que aún no había entrado en vigor. La desprotección del palacete de San Bernardo, que fue en 1978 la primera sede que tuvo el Gobierno canario en la capital grancanaria y albergó al Diputado del Común hasta 2012, permitirá elevar la altura del edificio que tiene ahora dos plantas. Los propietarios pretenden que se aplique al inmueble, situado en la calle San Bernardo número 27, esquina con Primero de Mayo, las siete plantas de altura que permite la ordenanza en Primero de Mayo, mientras que el Ayuntamiento es partidario de autorizar un tope de cuatro plantas, una cuestión que aún no está decidida. El edificio que estaba catalogado como Monumento Histórico Artístico, con el nivel de protección 2, lleva en venta varios años y sus dueños plantearon la posibilidad de darle uso hotelero para instalar un hotel emblemático.
La sentencia que anula la protección del palacete de San Bernardo fue emitida el pasado 4 de abril, por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que estima una demanda interpuesta por la familia Díaz de Lezcano y Muxica en 2012. Se trata de una sentencia firme que confirma lo establecido en el fallo del 29 de julio de 2016, tras haber rechazado los recursos de casación y de queja interpuestos por el Ayuntamiento.
Los propietarios del edificio, que fue reconstruido a mediados del siglo pasado, argumentaron la "inexistencia de valores arquitectónicos y/o históricos que justifiquen" su protección y reclamaron un régimen urbanístico similar al de las parcelas del entorno. Basándose en el informe pericial, el fallo considera que no está justificada la protección.
En el caso de la Casa Alfredo Galán Moreno, situado en la calle Canalejas 21, es el Tribunal Supremo el que ratifica la desprotección del edificio y permite elevar hasta cinco plantas su altura.
