Al fallecido escritor de novela negra Francisco González Ledesma, pese a que su territorio literario se centraba preferentemente en Barcelona, quizás le hubiera servido lo que viene aconteciendo últimamente en Madrid para poner a trabajar a su famoso inspector Méndez. Y lo mismo le hubiera apetecido hacer a Vázquez Montalbán con su no menos famoso detective Carvalho, aquel que repartía sus aficiones entre la criminología y la gastronomía. Porque lo que viene sucediendo últimamente en Madrid da para varios libros o guiones cinematográficos de lo que en tiempos se llamaban genéricamente "historias de policías y ladrones".
Unas historias en las que habitualmente se mezclaba el crimen con la política, las finanzas y el sexo. O como muy bien resume el nuevo ministro griego para la lucha contra la corrupción, Panagiotis Nikoloudis: "La raíz de la corrupción está en un núcleo formado por la élite económica, la élite política y los medios de comunicación". Tres ingredientes clásicos, aparte del sexo, de los que van sobrados los sucesos que acontecen últimamente en la capital del Estado. No vamos a recordarlos todos, ni a hacer una relación de los personajes que intervienen en ellos porque haría falta el espacio de una guía telefónica. Pero detengámonos en el último de los que conocimos, ese truculento affaire del lujoso ático de Estepona propiedad del presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid. Un episodio que ha servido para que Rajoy descabalgase a Ignacio González de la candidatura a renovar el cargo en beneficio de la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, so pretexto de que pudiera haber algo raro en la adquisición del inmueble.
La forma de eliminar a alguien de la carrera política amenazándole con desvelar algo sucio no es nueva, ni siquiera (como es el caso) entre miembros del mismo partido. Pero en este asunto ha sorprendido bastante la utilización de un agente muy especial como el comisario José Manuel Villarejo, adscrito a una unidad de élite de la policía, para poner a González a los pies de los caballos mediante la difusión de unas conversaciones grabadas en una cafetería. Es más que posible que nunca se sepa quién fue o por orden de quién se hizo el encargo de desprestigiar al actual presidente de la comunidad de Madrid. El perjudicado, que se lamenta de que Rajoy haya cedido ante una campaña orquestada no se sabe por quién, ha presentado querella contra Villarejo, y este le ha replicado con otra en defensa de su buen nombre. El lío es monumental, pero todavía se ha enredado más al descubrirse que Villarejo participa en 12 sociedades mercantiles, algunas de cuyas actividades pudieran ser incompatibles con su trabajo en la policía. Una situación, por otra parte, que no está demasiado clara, porque al parecer, y después de diez años de excedencia en el cuerpo, ha reingresado en él como agente encubierto en situación de excedencia especial. Y además con autorización expresa para seguir su actividad privada y utilizar algunas de sus empresas como tapadera de investigaciones a realizar dentro y fuera de España.
El Gobierno, y especialmente el ministro del Interior, don Jorge Fernández, deberán aclarar esa situación laboral tan confusa que nos recuerdan las explicaciones de Dolores de Cospedal sobre el tesorero Bárcenas y su indemnización en diferido.
