Como ya he dicho anteriormente hace unos días, desde estas mismas páginas explicaba que la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, que recientemente ha entrado en vigor sin un solo voto a favor por parte de la Oposición, ha sido muy bien denominada como tal por los críticos a la misma, amén de haber sido acaso la norma jurídica más protestada en la presente legislatura, mención aparte de los populares que, aunque en ocasiones tengan que sujetarse bien la cara para que no se les caiga de vergüenza por los disparates del jefe (por cierto, ¿quien es el jefe en el PP?), por dar luz verde a la promulgación de una ley que ha salido adelante tan solo por la fuerza bruta de la mayoría absoluta parlamentaria, al igual que la Ley de Educación, la de Reforma Laboral y el Código Penal, amenazados ya con la pena capital si en las próximas Elecciones Generales cambian las tornas. Lógica consecuencia en perjuicio del país por todos aquellos cuyo talante y denominador común de sus actuaciones parlamentarias no es otro que el asco al consenso.
La actual ley de Seguridad Ciudadana ha sido duramente criticada por toda la ciudadanía con tan solo profundizar someramente en su contenido, debiéndose entender como un conjunto de normas neofranquistas por su objetivo disuasorio, al resultar como derechos cercenados más afectados, los de reunión y manifestación, así como por la exageradísima cuantía de las sanciones económicas de posible imposición, que pueden alcanzar hasta 600.000 euros
El cambio que más afecta a los ciudadanos es el aumento del número de infracciones, al convertir las faltas del Código Penal -hasta 70- cuyo conocimiento correspondía exclusivamente a los Órganos judiciales, en infracciones administrativas, lo que conlleva una singular importancia en tanto en cuanto hasta ahora era el Poder Judicial, y no la Administración, el encargado de sancionar las conductas tipificadas como faltas, con intervención incluso de Ministerio Fiscal. De suerte que la garantía a favor del justiciable quedaba reforzada en relación con la afortunada superación del sistema de sanciones franquista, por cuya razón hoy, con la nueva ley, retornando a los criterios del viejo Régimen. De lo que resulta que la ley mordaza tiene un "objetivo disuasorio", ya que "supone el aumento de las cuantías pecuniarias", como critica acertadamente el prestigioso profesor de la UNED Luis Gómez Villota, por resultar elevadísimas las sanciones económicas, ya que antes estas multas iban de 20 euros a 24.000, según la capacidad económica de la persona sancionada, mientras ahora van desde 600 hasta 600.000 euros, siendo de destacar además que aquellos que no podían hacer frente a la sanción económica tenían la opción de sustituirla por la sanción permanente, por lo que con la nueva ley "la desigualdad es brutal".
Por otra parte, en la nueva ley también se ha aumentado la prescripción de las conductas tipificadas como antijurídicas, ya que antes las faltas prescribían a los tres meses y las penas pasado un año. Ahora, en cambio, el plazo de prescripción es de seis meses para las infracciones consideradas como leves, un año para las graves y de dos años para las muy graves, con lo que se está dejando en pañales al propio Código penal, a mi entender, cediendo de esta manera las funciones de ese Poder Judicial representado por una doncella con los ojos vendados, a la Administración Pública que no solo los tiene abiertos, sino muy abiertos para arremeter contra quienes no son de su ideología. ¿Me sancionarán por esto que afirmo?
Continuaremos...
(*) Expresidente de la Comunidad Autónoma de Canarias y penalista
