Justo tres años después de la aprobación del decreto que acabó con la cobertura sanitaria en España tal como la conocíamos hasta entonces, el Gobierno pone sobre la mesa -la del Consejo Interterritorial de Salud que se celebra hoy, formado por las y los consejeros de Sanidad de todas las comunidades autónomas- una propuesta que parece replantearse el alcance de su propia normativa, el Real Decreto Ley 16/2012, que se ha demostrado injusto e ineficaz. Dice el Gobierno que pretende "armonizar" las condiciones en las que se presta la atención sanitaria en toda España. Es curioso, porque armonizada ya estaba antes de 2012, y fue precisamente la aprobación de la reforma sanitaria, por la vía del decreto y sin debate social y parlamentario, lo que propició que las autonomías tomaran caminos diferentes: unas aplicaron el decreto a rajatabla, otras apostaron por atender en sus servicios de salud descentralizados a las personas inmigrantes "expulsadas" por la legislación nacional, creando "programas especiales", y unas terceras se rebelaron directamente contra la exclusión, ignorándola.
Así pues, el resultado directo de la reforma impuesta por el Gobierno ha sido la generación de una serie de subsistemas sanitarios paralelos "para pobres" que rompen precisamente con el principio de equidad territorial que, supuestamente, se pretendía fortalecer. Las decisiones autonómicas que se están sucediendo en las últimas semanas para reconocer el acceso universal de las personas excluidas por el Real Decreto-Ley 16/2012 representan un importante avance, pero no bastan para resolver este mapa parcheado de soluciones dispares, frente al sinsentido de la reforma sanitaria.
En sus declaraciones, los representantes del Gobierno central insisten una y otra vez en confundir a la ciudadanía, relacionando la atención sanitaria a personas inmigrantes sin recursos con el llamado "turismo sanitario". Un concepto que hace referencia a ciudadanos europeos que utilizan los recursos del sistema de salud español por su calidad y porque disponen de segundas residencias en nuestro país. En este caso, la obligación del Estado es gestionar con los países de origen de estas personas el retorno del gasto ocasionado, algo de lo que el Ejecutivo no se está ocupando adecuadamente, según el Tribunal de Cuentas.
Por otro lado, resulta que la expulsión de miles de personas de la atención sanitaria normalizada se adoptó, supuestamente, con criterios de ahorro económico. Pero tres años después de la aprobación del RDL, no sabemos cuánto se ha ahorrado. De hecho, desde Médicos del Mundo creemos que poco o nada, puesto que la atención en urgencias a la que se han visto abocadas las personas en situación irregular como única salida cuando enferman es, sin duda, más costosa de prestar que la atención primaria.
El Gobierno olvidó también que la sanidad española se fi-nancia en gran medida con impuestos indirectos, como el IVA o los impuestos especiales sobre el alcohol o los carburantes, que pagamos todas las personas que vivimos y compramos en el Estado (incluyendo a aquellas pendientes de regularizar su situación legal).
Muchas organizaciones sociales y asociaciones de profesionales de la salud en Canarias hemos puesto todo nuestro empeño en la necesidad de cambiar esta norma inaceptable desde el punto de vista de los derechos humanos y la salud pública.
Mientras lo conseguimos, instamos a los ejecutivos autonómicos a que aprueben reformas legislativas de ámbito regional que den acceso al sistema público de salud en condiciones de equidad a las personas inmigrantes en situación irregular, así como a aquéllas con permiso de residencia por reagrupación familiar. Y que se haga no a través de sistemas paralelos, de segunda categoría, sino otorgando la tarjeta sanitaria en igualdad de condiciones a toda la población residente. Esto implica no implantar barreras administrativas para las personas que constituyan un criterio de discriminación con relación al resto de la población.
Instamos también a poner fin de manera inmediata a la emisión de facturas por la atención de urgencias y pedimos que se garantice de manera efectiva la atención sanitaria a menores de edad y mujeres embarazadas en todos los casos y sin que les suponga coste alguno.
Y lo hacemos porque, además de los argumentos legales y éticos en los que basamos nuestro rechazo a la reforma sanitaria, somos testigos directos del dolor que ha provocado esta norma. Hemos conocido de primera mano casos de embarazadas que han dado a luz sin haber recibido controles prenatales, de niños y niñas a quienes se ha denegado la consulta en el pediatra, de personas que llevaban más de una década viviendo en España y de repente se les da la espalda cuando les sobreviene una enfermedad grave. Celebramos por ello el cambio de rumbo del Gobierno; sólo esperamos que sea finalmente en la dirección adecuada, retornando a un sistema sanitario público de cobertura universal en nuestro país.
