Como no podía ser menos, habida cuenta de que la práctica totalidad del pueblo español, al margen de su mayor o menor cultura, está desde hace meses cada vez más pendiente del caso relativo a la pretensión independentista de Artur Mas, no entiende tampoco, lo cual en varias ocasiones ya he puesto de relieve, que hasta ahora se haya seguido durante meses y meses una por el Gobierno con el que Dios nos ha castigado una política de "negociación" cuando debiera hablar de "diálogo", tan democrático como la anterior, porque, -además yo pregunto- ¿qué es negociar? Negociar es un conjunto de conversaciones, como pueden ser las tendentes a perfeccionar un negocio jurídico oneroso en virtud de las cuales una persona te da esto a cambio de lo otro. Y ahora pregunto yo: ¿Rajoy puede ofrecer algo a Artur Más para que cese en sus aspiraciones de que Cataluña sea una nación independiente? ¿Qué le podría dar que, por ejemplo, no nos dé a los demás?
Por ello, como tanto el PP como su presidente parecen carecer de ideas, tarde, mal y nunca, sin echar mano del dispositivo contenido en el artículo 155 de la Constitución española, que para algo lo redactamos y aprobamos en su día y que prevé la suspensión de una autonomía cuando ésta incumpla las leyes o atente contra el interés general. Su aplicación requiere la mayoría absoluta del Senado.
Si se han incumplido las leyes, como ya ha acontecido gravemente en Cataluña, atentándose al interés general, como es la puesta en marcha por Mas de un proceso claramente reconocido por él como secesionista y el Partido Popular además tiene mayoría absoluta en el Senado, pudiéndose aplicar por el Gobierno claramente el precepto mencionado en la Constitución, ¿está justificada mínimamente la cobardía de Rajoy con su PP aprobando con su mayoría absoluta en ambas Cámaras una Ley en virtud de la cual, sin necesidad, le eche el muerto al Tribunal Constitucional?
El pueblo no pide a Rajoy algo tan serio, e impropio en estos tiempos, como declarar la guerra a Cataluña como se hizo durante la Segunda República, llevándola a cabo y además ganándola en un santiamén. Le basta con que haga uso, sin temor de un artículo, como es el 151 que debe considerar vacío de contenido, como debe estar el cerebro de algunos.
Además yo, desde mi humildad, le daría un buen consejo a Rajoy: vaya usted, señor presidente, a la República Federal de Alemania y explique a su jefa, que es la suya también, lo que significa la aplicación del artículo 151 de la CE y qué haría doña Angela en consecuencia, de suerte que sin necesidad de disparar, como en la Segunda República española, mataría usted dos pájaros de un tiro: contaría con el parecer y venia de la todopoderosa germana -jefa suya y, por tanto, de todos los españoles- y se enteraría, de una vez para siempre, en qué consiste el tan cacareado por mí artículo 151 de nuestra Ley de leyes.
Así pues, sin necesidad de que en los pueblos lo anuncie el pregonero a bombo y platillo ni lo vaya corriendo por las inmediaciones del Bar Perico Pepe Cañadulce, es ya público y notorio que el PP ha anunciado una reforma para que el Constitucional sancione a Mas pretendiendo que para ello el tribunal multe o suspenda a quien incumpla sus sentencias. "La broma se ha terminado", ha señalado Xavier García Albiol, candidato a la Presidencia de la Generalitat por el PP, quien al salir de la reunión parlamentaria donde él y el portavoz popular, Rafael Hernando, habían presentado la Proposición de Ley de Reforma del Tribunal Constitucional, García Albiol zanjó imperial, como algún medio ha calificado: "La broma se ha terminado", por lo que en algún medio se ha comentado tal aseveración comentando que es una verdad amarga pero incontestable, añadiendo que nadie puede llevarle en el PP la contraria a hombre tan vehemente, que hasta la presentación de la iniciativa popular, el Gobierno español había estado de broma.
Según mis notas, que tengo a la vista, el mismo comentarista ha añadido que el largo estado de broma, que García Albiol da por acabado, es el principal lastre de esta iniciativa de reforma del Tribunal Constitucional, lo que da argumento a los que la tildan de chapucera, apresurada y oportunista, añadiendo yo que antes de remitir un proyecto de ley desde cualquier Gobierno a un Parlamento, sea autónomo o no, con el mismo va añadida la previa calificación de su "oportunidad".
(*) Presidente nacional de Ciudadanos de Centro Democrático
