La reciente publicación del Informe Anual de la Economía Canaria, elaborado por la Confederación Canaria de Empresarios, me ha dado razones para hacer algunos comentarios sobre este texto. Creo que hay cuestiones vitales del presente y del futuro de nuestra sociedad y de nuestra economía que o se olvidan o se pasan muy ligeramente o no se tratan con seriedad por razones varias sobre las que no quiero pronunciarme ahora. Pero como no puedo renunciar a mis principios éticos, históricos y personales, lo que ha sido una regla de conducta desde el año 1954, en que acabe mis estudios de Ciencias Económicas y Derecho en la Universidad de Madrid, quiero analizar algunos aspectos de este texto:

A.- Alergia a los problemas sociales. No he encontrado ninguna referencia a los problemas de las desigualdades sociales y al estado del bienestar, que se suelen tratar en estas visiones anuales de una región o de cualquier país. En los capítulos 2 ( Encuesta de Población Activa ) y 3 ( Paro Registrado y Afiliación a la Seguridad Social) se recopilan las cifras que el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social elaboran periódicamente y se señalan sus evoluciones desde el año 2007 a 2015, coincidiendo con la crisis mundial que afectó a la economía planetaria. De forma sistemática no entran en estos puntos a comparar la evolución desde el año 2000 cuando, como he desarrollado en otros artículos, se inicia la crisis de Canarias. Hay que centrarse en el capítulo 14 (Crecimiento Regional) en donde se describe esta realidad. En la página 265 se detalla la evolución del PIB per capita de todas las comunidades. Los datos son relevantes: la única comunidad en que esta cifra desciende es la nuestra, Canarias, que pasa del 97,7 en el año 2000 al 88,6 en el año 2007 y termina en el 85,4 en el año 2015, sobre 100 como media nacional. Y en la página 264 se incluye la evolución del PIB en este periodo 2000-2015 y se confirma la explicación de esta decadencia: el PIB, a precios de mercado, fue el 2,7% como promedio desde el 2000 al 2007 y del -0,3% desde 2007 al 2015 . Y para alegría de mis paisanos les tengo que decir que en esos dos periodos la comunidad que menos creció fue la nuestra. Esto explica la crisis social que se está extendiendo en nuestras islas, con índices de pobreza, de desigualdades, de condiciones de vida, de los niveles de educación, del comportamiento del paro juvenil, etcétera, en donde nuestras provincias hacen verdaderos récords. Este silencio es para mí alarmante, ya que la Confederación como pieza e instrumento de la sociedad civil debe atacar y entrar a todos los temas y cuestiones que le interesan a los ciudadanos residentes, sin reserva ni compromiso con la clase política dominante. Al contrario, por su responsabilidad social y por el peso que tienen sus miembros o partícipes en el conjunto de la sociedad, debe arrimar el hombro y convertirse en el verdadero adalid de las reformas que se requieran para que la paz social sea ahora y siempre el mejor activo por el que debería preocuparse.

B.- El marco institucional. En el capítulo 13 (Recaudación Tributaria) se incluyen en las páginas 248 y 249 un resumen de las normas tributarias vigentes y las modificaciones habidas durante los años 2015 y 2016 que comprenden el Régimen Económico y Fiscal actual. No voy a entrar en el confusionismo que introducen estas modificaciones y me voy a limitar a remitirme al capítulo 15 (Conclusiones) para no tener que incorporar mis puntos de vista sobre el REF vigente. Reproduzco dos párrafos de este texto: "Dentro del marco del REF, como elemento fundamental para la competitividad de la empresa canaria, finalmente fue publicada durante 2015 la modificación del Reglamento de Desarrollo, con el que se culmina la regulación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias para el periodo 2015-2020. La aprobación del Reglamento resultaba un paso necesario para la aplicación de las ayudas aprobadas por la nueva Ley del REF en 2014 aunque, para sorpresa de los agentes económicos, algunas de las materias que aparentemente habían sido resueltas por la Ley se venían ahora a dificultar por la vía reglamentaria". Con estas líneas se pone de relieve que ningún emprendedor o inversionista extranjero o peninsular se detendrá para invertir en proyectos rentables de cara al futuro por la sencilla razón de que solo son válidas hasta el año 2020, y nadie entra en actividades económicas con un plazo legal tan corto. Si a ello se añade el confusionismo existente en la redacción, felicitaría al experto canario que pudiera convencer o animar a un no residente para que invierta en las Islas por el marco legal que tiene. Otro párrafo animador es el siguiente: (página 351) "Desafortunadamente, las medidas económicas recogidas por la Ley del REF de 1994 se han venido caracterizando por su escaso desarrollo o directamente por su incumplimiento, cuando resultan elementos indispensables para el desarrollo económico y social del Archipiélago". Canarias sigue sin rumbo en el mercado internacional con este marco legal vigente.

C.- Los ingresos y gastos públicos en las Islas. Se desarrolla esta tema en el mismo capítulo que he comentado antes, el capítulo 13. Se guarda un silencio sepulcral en la cuestión de las recaudaciones y gastos de las cotizaciones sociales. ¿Cuál es la razón? Siguiendo la tendencia que he comentado en otras ocasiones, en estas rúbricas canarias registran unos ingresos superiores a los gastos que realiza la Caja de la Seguridad Social, siendo una de las cuatro comunidades que tienen este saldo positivo. La moraleja es muy simple: contribuimos a cubrir con nuestro saldo los déficits de otras comunidades, mientras nuestra población sigue con graves problemas sociales, como he señalado en otro punto anterior. Creo que es hora de que los líderes de nuestra sociedad conozcan con exactitud nuestra realidad estadística para que puedan plantear en los órganos nacionales responsables el verdadero atropello que sufren nuestras clases populares. El "coste de la insularidad", que nuestra Constitución reconoce, no aparece regulado en ningún texto legal, y el camino es mendigar anualmente las cantidades en las distintas rúbricas. El informe guarda silencio sobre dos aspectos que debería haber analizado: los gastos y la recaudación pública por islas con objeto de que cada ciudadano conozca su papel en el manejo de estos datos que deben ser de dominio público. Se guarda silencio en el papel de los cabildos en la gestión del territorio y se sigue manteniendo la 'moratoria turística' con criterios políticos y centralistas, y con un intervencionismo propio de otras épocas cuando constituye un patrimonio que todos los isleños siempre querrán defender y apoyar como signo distintivo de nuestro papel en el mundo occidental por nuestro paisaje, por nuestro clima y por las condiciones geológicas que nuestro origen volcánico nos tiene reconocido. Me limito a recordar todos las áreas de nuestro territorio que la Unesco tiene calificadas como verdaderas Reservas de nuestro Planeta. Trataré otras cuestiones en otro artículo.