La juez Mercedes Alaya, instructora del caso Enredadera, investiga las actividades de un directivo de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) en Canarias, Marco Aurelio Hernández Guerra, que también está implicado en el caso Unión de Lanzarote e imputado por los presuntos delitos de cohecho y alteración de concurso público. Hernández Guerra fue detenido en 2010 durante la segunda fase de la operación Jable, una investigación judicial sobre amaños en la licitación del contrato de limpieza y jardines en Arrecife en los años 2005 y 2006.
La magistrada del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla incluye al entonces jefe del departamento de Obras de FCC en el listado de políticos, altos cargos, funcionarios y empresarios de las Islas que podrían estar relacionados con la trama de corrupción para adjudicar obras a la empresa Fitonovo a cambio de comisiones o dádivas. En esa relación también se encuentran familiares de los imputados y los principales sospechosos de esas actuaciones ilícitas en los departamentos de Obras Públicas del Gobierno de Canarias y de los cabildos de Gran Canaria y Lanzarote.
En el caso de Marco Aurelio Hernández Guerra, la juez solicitó a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) un certificado de su vida laboral, donde se recoge que ha trabajado, en distintos periodos, para FCC, Canaragua o Aguagest.
Alaya ha solicitado esa misma documentación en los casos de Sergio Machín, exconsejero y actual portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote; José María Maya Cáceres, exjefe de Carreteras del Gobierno autónomo; José Ulises Pérez González, excoordinador de Obras Públicas y funcionario del Cabildo de Gran Canaria; y María Elena Suárez Rancel, también funcionaria de la corporación insular grancanaria y esposa de Adolfo de la Torre, delegado de Fitonovo en Canarias e imputado por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, asociación ilícita y falsedad en documentos públicos.
Jable
La investigación de la juez sobre las actividades del directivo de FCC se suma a las dos imputaciones que ya tiene Marco Aurelio Hernández Guerra por la operación Jable, una de las ramificaciones del caso Unión de Lanzarote. Agentes de la Guardia Civil le detuvieron el 24 de noviembre de 2010 en su domicilio de Las Palmas de Gran Canaria y le trasladaron en helicóptero hasta el cuartel de la Benemérita en Costa Teguise, donde permaneció hasta el día 26, cuando prestó declaración ante el juez César Romero Pamparacuatro, que esas fechas estaba en comisión de servicios en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cinco de Arrecife, y el fiscal Anticorrupción, Luis del Río.
Hernández Guerra quedó entonces en libertad sin fianza e imputado por los presuntos delitos de cohecho y alteración de concurso público.
La instrucción judicial sobre la operación Jable es la más retrasada de las piezas separadas del caso Unión y se calcula que no se podrá terminar hasta finales del año 2015. Además del directivo de FCC están imputados varios representantes de la empresas Urbaser y Gamma Install, y una decena de políticos y funcionarios del Ayuntamiento de Arrecife, entre ellos la exalcaldesa María Isabel Déniz (CC y PIL), Dimas Martín (PIL), Miguel Ángel Leal (PSOE) y Felipe Fernández Camero (ex secretario del Consistorio).
La operación Jable investiga presuntas irregularidades en el contrato de limpieza y jardines a Urbaser, con sospechas de que se pagaron comisiones a políticos del PIL y del PSOE, así como en la adjudicación del pabellón deportivo del barrio de Argana Alta a FCC, en las que supuestamente habría intervenido Hernández Guerra. Ambas compañías pertenecen al mismo grupo empresarial. El directivo de FCC fue investigado por el presunto pago de sobornos a María Isabel Déniz mientras estuvo al frente del Ayuntamiento.
En concreto, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontró una factura a nombre de FCC, por un importe de 11.000 euros, correspondiente a un viaje Marraquech que se pagó a María Isabel Déniz. De esa estancia en la ciudad marroquí también se beneficiaron, según la investigación, los tres hermanos de la regidora, entre ellos la exviceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carolina Déniz, y sus respectivas parejas.
En el sumario del caso Enredadera, en el que hay imputados de Canarias y de otras cinco comunidades autónomas por el presunto pago de comisiones a cambio de facilitar las adjudicaciones de contratos púbicos a Fitonovo, no se especifica si las indagaciones sobre el directivo de FCC están relacionadas con Lanzarote, donde está imputado el consejero insular, Sergio Machín, o sobre los otros dos focos de la supuesta trama en el Archipiélago: los departamentos de carreteras del Gobierno autónomo y del Cabildo de Gran Canaria.
