El secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, propuso ayer a las comunidades autónomas que se exija a los inmigrantes en situación administrativa irregular un empadronamiento mínimo de seis meses en territorio nacional para poder acceder a la asistencia sanitaria, así como la justificación de una situación de vulnerabilidad económica y de que no existe cobertura sanitaria por ninguna otra vía.
Este es uno de los "requisitos mínimos" que planteó Moreno en la Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación del Sistema Nacional de Salud (SNS), que se celebró ayer en la sede del Ministerio de Sanidad, con representantes autonómicos y de los ministerios de Empleo, Interior y Asuntos Exteriores. Esta reunión de carácter técnico, que no contó con la presencia ni de ministros ni de consejeros, se convocó con el objetivo de acordar una serie de criterios mínimos entre comunidades para devolver a los inmigrantes en situación administrativa irregular su acceso y derecho al sistema de salud pública.
Durante el encuentro, Moreno trasladó a las comunidades autónomas que dispondrán a partir de hoy de 15 días para aportar sus respectivas "mejoras" a este borrador de propuesta con el fin de "homogeneizar la asistencia sanitaria en España" y que espera, además, que se lleve a cabo con "ánimo constructivo". Sin embargo, un total de 12 de las 17 comunidades autónomas, entre las que se encuentra Canarias, mostraron formalmente su rechazo total a la creación de un nuevo sistema de atención sanitaria específica para las personas en situación administrativa irregular.
En concreto, estas 12 regiones solicitaron ayer al Gobierno central la derogación del Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes, que excluye del sistema sanitario español a extranjeros no registrados ni autorizados como residentes, con residencia efectiva y sin recursos económicos. Por consiguiente, 12 de las 17 comunidades autónomas exigen al Gobierno estatal la vuelta a la situación anterior a 2012, que garantizaba la universalidad de la asistencia sanitaria a todas las personas residentes en el territorio nacional.
Pero, en opinión de Moreno, el problema radica ahora en cómo abordar la redacción de la normativa para evitar el "turismo sanitario", esto es, la posibilidad de que "cualquier ciudadano europeo pueda creer que tiene el mismo derecho que los inmigrantes en situación irregular y denunciarlo".
Asimismo, tras ser preguntado por la posibilidad de que la Policía tenga acceso a los datos del supuesto registro que Sanidad propone para que los "sin papeles" accedan a un documento con el que recibir asistencia sanitaria, Moreno afirma que no habría que comunicar esa información a Interior ni a la Comisaría de Fronteras.
Según el represente del Ministerio, los inmigrantes deben estar en la base de datos del SNS porque "tienen que estar identificados para recopilar su información clínica y evitar duplicidades en las pruebas clínicas", pero ha asegurado que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, del Ministerio del Interior, que "ni puede acceder ni pretende hacerlo".
Respecto a las reacciones de las distintas comunidades, los responsables de Sanidad de Madrid y de Castilla y León, ambos del Partido Popular (PP), han defendido la necesidad de consensuar un "documento único" para todo el territorio que facilite la asistencia de los inmigrantes en situación irregular. Por otra parte, desde Andalucía se pide la retirada del Real Decreto 16/2012. Celia Gómez, directora general en el Servicio Andaluz de Salud afirma que "la clave y el elemento básico debe ser la retirada del real decreto de 2012 y volver a la sanidad universal que estaba establecida". Esta ha sido también la petición de los gobiernos de Cantabria y País Vasco, y este último mostró también su rechazo a la creación de un registro exclusivo por considerarlo "discriminatorio, innecesario y falto de ética". También la consellera de Sanidad de la Generalitat Valenciana, Carmen Montón, reiteró ayer su exigencia para la derogación del decreto "de exclusión sanitaria" y pide que se restablezca ya "la universalidad de la asistencia".
