Canarias ha retirado los más de 9.000 beneficiarios supuestamente falsos que desde diciembre de 2014 "maquillaban" la estadística en materia de dependencia, según denunció la viceconsejera de Políticas Sociales, Isabel Mena, con el cambio de gobierno. Así se recoge en el último censo publicado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través del Instituto de Mayores y Servicio Sociales, conocido como Imserso, y en el que la ayuda a domicilio es la prestación que más dependientes ha perdido al pasar de 8.503 personas en septiembre a solo 30 en la lista con datos del día 31 de octubre.
Algo más de 12.000 personas dependientes conforman en la actualidad la lista de espera para recibir una ayuda. Mientras, el Gobierno de Canarias ha pasado en un mes de tener 22.749 beneficiarios en los distintos servicios y prestaciones a un total de 13.681. Esto parte de un "error estadístico", según plantean los responsables de la actual consejería, detectado al asumir la gestión en julio. Lo cierto es que el ejercicio de 2014 se cerró con un notable incremento. La estadística pasó de 12.567 dependientes en noviembre de 2014 a 23.819 tan solo un mes después. Estas eran personas que, según explicó ayer Alicia Álvarez, directora general de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias, estaban siendo atendidas por Cabildos y Ayuntamientos, por lo que no se han visto afectadas ni ha cambiado su situación al menguar el censo ya que a efectos prácticos "nunca fueron atendidos dentro del Sistema de Dependencia".
Alicia Álvarez aseguró que el Gobierno de Canarias y el Estado se atribuyeron más 9.000 personas con la intención de "aparentar un éxito de gestión que no era verdad, porque hay que reconocer que la gestión de la dependencia ha sido un fracaso desde que entró la ley en vigor y esto es lo que queremos revertir ahora", aseguró ésta. Sin embargo, sí aclaró que el Gobierno nunca ha cobrado del Estado la colaboración pertinente por esas 9.000 personas que se incorporaron en diciembre de 2014.
Tal y como hiciera Isabel Mena, la directora de los Servicios Sociales se mostró crítica con la gestión de Inés Rojas como responsable del servicio en la anterior legislatura. Rojas, que no ejerce la política de manera activa en la actualidad, negó toda acusación en una entrevista realizada en agosto. "No puedes inventarte los nombres y los apellidos de las personas", alegó al tiempo que se ofreció para aclarar cualquier duda que tenga su sucesora.
Alicia Álvarez, por su parte, sostiene que la situación de la dependencia en las Islas -a la cola nacional en inversión y atención, "no es buena" por lo que "es conveniente ser transparente si aspiramos a tener un buen sistema de dependencia y para eso debíamos comenzar por saber cuál es la situación real para trabajar sobre ello".
Desde el Tribunal de Cuentas se expuso en marzo de 2014 que el Gobierno de Canarias había dejado de percibir entre 2007 y 2011 3.1 millones de euros del Estado por fallos en la gestión de los expedientes. Los afectados, por su parte, solicitan que se agilicen las gestiones para poder acceder a las prestaciones y beneficios que ofrece el Gobierno central a través del Programa Individual de Atención (PIA). Este es un requisito sin el cual el Gobierno de Canarias no recibe una aportación monetaria del Ministerio por cada persona dependiente y que actualmente -pese que se inició con el 55% en el Gobierno de Zapatero- cubre el 20% de los gastos.
Más de 1.400 altas
Álvarez sostiene que no se ha tramitado las PIA porque el ejecutivo carecía de recursos presupuestarios. "En julio nos encontramos con que no existía economía para seguir tramitando altas y nos vimos abocados a no dar ninguna durante todo el año, pero hemos buscamos dinero por medio de la Ley de Incremento Presupuestario y ahí está la respuesta con una aumento de cinco millones de euros".
El nuevo equipo de la consejería de Servicios Sociales defiende su labor en materia de transparencia y sus resultados. Alicia Álvarez indicó que para obtener una dimensión real de las políticas aplicadas desde su toma de posesión basta con hacer una comparación de los datos de noviembre de 2014 y octubre de 2015, que arroja un incremento de 1.400 nuevos beneficiarias en el Archipiélago cuando la media estaba entre 800 y 1.000 altas al año. Además, se fija el reto de duplicar este resultado en 2016.
