La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) refuerza su gabinete de inspección de servicios, que dependerá orgánica y funcionalmente del Rector, para garantizar de manera "activa" y "correctora" la calidad y mejora del funcionamiento de sus departamentos y facultades. Además, los órganos de gobierno de la Universidad, incluido el rector, pasan de cinco a cuatro años de mandato, en línea con el resto de instituciones públicas. Así lo establece el texto de la reforma de los estatutos de la ULPGC, que se aprobó ayer en una sesión extraordinaria del Claustro con una amplia mayoría de 131 votos a favor.
Este consenso es el resultado de cinco sesiones plenarias celebradas el pasado abril entre los representantes del claustro, donde se sometieron a debate 380 enmiendas presentadas a 240 artículos de los estatutos universitarios, vigentes desde 2003. Ya hubo con anterioridad un intento de reforma en el curso 2010/11, que no obtuvo entonces el voto unánime de los representantes claustrales. Ahora, una vez votado y aprobado el texto, éste será elevado al Gobierno de Canarias para una revisión técnica y, una vez culminada, entraría en vigor a través de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Entre los cambios más destacados en el texto de la reforma se encuentra la nueva denominación de los "becarios de investigación", que pasan a identificarse como "personal investigador contratado no permanente", dado que mantienen una relación contractual con el centro universitario, aunque esta no sea de carácter indefinido. Además, esta figura cuenta con un apartado específico que recoge sus especificidades de personal investigador en formación y postdoctorales. "Es una forma de realzar el peso de la investigación en la Universidad y, por eso, es un elemento importante", apunta José Regidor, rector de la Universidad. En esta línea, también se destinará un 1,5% del presupuesto total de la ULPGC -en función de las disponibilidades presupuestarias- a los programas propios de recursos humanos que tengan como objetivo la captación de talento para la investigación.
En cuanto a las nuevas cuotas de representatividad en los órganos de gobierno, el reglamento de cada centro determinará el número total de miembros de su Junta, cuyo máximo oscilará entre 120 y 150, dentro de los márgenes porcentuales previstos por sectores, toda vez que estarán integradas por el director o decano, el secretario, el administrador (con voz y sin voto), un representante de la biblioteca (con voz y sin voto) y un 62% de profesorado; un 33% de estudiantes y 5% de personal de administración y servicios.
Por su parte, la composición del Consejo de Gobierno, presidido por el rector, constará de 50 miembros, mitad vicerrectores, decanos y directores de facultades, escuelas e institutos universitarios; mitad representantes del Claustro, aunque serán invitados permanentes un miembro del Consejo Social, presidentes de los órganos de representación sindical de docentes y PAS, y el presidente del Consejo de Estudiantes. También el Claustro, que preside el Rector, tendrá una nueva composición, integrada por 200 claustrales con un 52% de profesores doctores funcionarios; un 12% de personal docente e investigador; un 26% de estudiantes; y un 10% de personal de administración y servicios. Y en cuanto al Defensor universitario, continuará como órgano colegiado de cuatro miembros, con representación del profesorado, estudiantado y personal de administración y servicios.
Con todo, la reforma amplía los casos de discriminación que serán impedidos por la comunidad universitaria, que ahora contempla los de orientación sexual y diversidad funcional. Además, se incluye de forma novedosa el apoyo a la conciliación familiar y la representación equilibrada entre hombres y mujeres en órganos colegiados.
