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Seguridad vial

Casi 5.000 pruebas de conducir peligran por el paro de examinadores

Las cuatro primeras jornadas de huelga de parte del personal de Tráfico suspenden un millar de exámenes en Canarias

Casi 5.000 pruebas de conducir peligran por el paro de examinadores

Las cuatro primeras jornadas de huelga de los examinadores de la Dirección General de Tráfico (DGT) , protesta de ámbito estatal en reivindicación de un complemento salarial específico acorde al puesto, causaron la anulación de 1.034 pruebas prácticas de conducir en Canarias, según informaron ayer desde el colectivo antes de situar el seguimiento del paro en un 87,1% del personal convocado en las Islas. Tras una primera fecha el 2 de junio para forzar una negociación con el organismo autónomo adscrito al Ministerio del Interior, sin respuesta satisfactoria, la huelga se inició los tres primeros días de esta semana y se extenderá todos los lunes, martes y miércoles hasta el 31 de julio, por lo que las mismas fuentes calcularon en 5.000 los exámenes en peligro hasta final del próximo mes en las dos provincias canarias.

De los 28 examinadores existentes en el Archipiélago, 17 en Las Palmas y 11 en la provincia tinerfeña, una veintena secundaron ayer el paro, diez en cada una de las dos demarcaciones isleñas, detallaron desde el Comité de Huelga. Ningún evaluador acudió ayer a su trabajo en Lanzarote, que ya acumula 138 pruebas suspendidas, por lo que la isla oriental se sumó a otros territorios españoles con un seguimiento de la huelga del 100% como Asturias, Málaga, Jaén, Guipuzkoa, Santiago de Compostela, Vigo, Toledo, La Rioja, Teruel o Ibiza, según comunicaron desde la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra), colectivo que cuenta con el apoyo de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Csif).

La adhesión al paro descendió al 71,4% en Gran Canaria y Fuerteventura, islas donde ya se anularon 482 pruebas en cuatro jornadas. Similares porcentajes registraron en Madrid, Valencia, Sevilla, A Coruña o Tarragona, según Asextra, que sitúo un seguimiento inferior al 60% en Cádiz y Granada, por debajo del 50% solo en Alicante y la ausencia de trabajadores de huelga en apenas dos jefaturas de la DGT, Badajoz y Mallorca.

Sin embargo, la protesta logró un respaldo superior al 90% de la plantilla de examinadores en Tenerife, con 414 pruebas sin realizar en cuatro fechas. También secundaron la huelga casi todos los evaluadores de Almería, Barcelona, Zaragoza, Navarra, Bizkaia, Cantabria, Segovia o Guadalajara, completaron desde Asextra.

Con un seguimiento promedio del 75% en toda España, la huelga causó la suspensión de unas 19.000 pruebas en el territorio estatal a lo largo de esta semana, alrededor de 7.000 el lunes y 6.000 tanto el martes como el miércoles, según añadieron fuentes del Csif. Desde la DGT, por su parte, cifraron la repercusión estatal del paro durante las tres últimas jornadas en el entorno del 72%, mientras que situaron en un 90% la adhesión de los examinadores a la protesta del 2 de junio. La huelga se convocó después de casi diez años de espera por un complemento salarial específico, según Asextra, alrededor de 240 euros brutos al mes por características propias del puesto como "elevada complejidad técnica, peligrosidad, penosidad y gran responsabilidad dentro de la seguridad vial".

Con similar reivindicación, los examinadores desarrollaron 29 días de huelga a finales de 2015, finalmente desconvocada al lograrse un acuerdo entre el colectivo y la DGT. Sin embargo, los "incumplimientos y engaños" del pacto suscrito dos años atrás reavivaron el conflicto laboral a lo largo de este ejercicio.

A las condiciones económicas se añade, además, la "asfixiante falta de examinadores" denunciada por Asextra, que "pone en riesgo" la viabilidad del servicio de pruebas prácticas de conducir. La Mesa Delegada de Tráfico, integrada por DGT y sindicatos con representación, analizó el martes la posibilidad de sumar a los actuales 750 examinadores un centenar de miembros del personal de tropa y marinería del Ministerio de Defensa, además de la creación de una escala específica para los evaluadores.

"La ampliación de la plantilla no soluciona el problema económico y la creación de la escala, lo mismo", lamentaron desde el Comité de Huelga antes de recordar los recortes salarios sufridos a causa de la crisis económica.

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