La presunta estafa protagonizada por Teresa Velázquez con la compraventa de inmuebles a través de subastas judiciales en la Isla alcanza ya a 84 personas, según el último recuento realizado por la Policía Nacional. La diputada nacional del PSC-PSOE, Pilar Grande, y Antonio Sánchez Báez, exconsejero del Cabildo de Gran Canaria, fueron, presuntamente, dos de estas víctimas, que afecta a empresarios, como Miguel Cazorla León y Manuel Hernández Fleitas, altos funcionarios, un director de una sucursal bancaria y al gerente de la clínica San Roque.
El fraude se aproxima a los tres millones de euros. Las víctimas entregaban, como adelanto, miles de euros a la líder de la trama, Teresa Velázquez, en la que también participaron su hermana, el marido, un abogado y una funcionaria de la Fiscalía Provincial de Las Palmas. Todos ellos se mantienen imputados, aunque sólo Velázquez, cabeza visible de la empresa Canarias de Gestión de Embargos, continúa ingreasada en prisión.
La investigación se mantiene abierta, y tras el levantamiento del secreto de sumario ya se ha podido conocer al detalle el modus operandi instaurado por la mujer -a la que se le imputan los delitos de apropiación indebida, estafa y blanqueo de capitales- y la identidad de sus víctimas.
Teresa Velázquez se ganó la confianza de un número inicial de clientes mediante la compraventa de coches de media y alta gama a precios irrisorios. Decía acudir a subastas judiciales, lo que le permitía acceder a propiedades en buenas condiciones económicas. Dado este paso, ofrecía a los interesados la opción de hacerse con bungalós, apartamentos y viviendas en diversos puntos de Playa del Inglés, Puerto Rico, Telde y la propia playa de Las Canteras si les hacía una serie de ingresos a modo de depósito en unas cuentas corrientes.
Aparentemente, y siempre según la versión que esta les daba, el dinero quedaba retenido en los juzgados a la espera de que se desarrollasen las pujas. Lo cierto es que todos esos euros -unos 2,8 millones entre lo que entró por el banco y lo que cayó en sus manos- fueron a parar a cuentas particulares y mancomunadas de Velázquez y su marido, que apenas tardaban unas horas en retirarlos. Esa es la conclusión a la que ha llegado la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional, donde han podido constatar que la detenida jamás se presentó en ninguna subasta ni tampoco llegó a entregar vivienda o chalé alguno a quienes le confiaron los depósitos.
Ella mismo confesó, en una de las declaraciones realizadas ante la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Telde, Virginia Peña, que todo había sido "un engaño" del que no habían participado ni su pareja ni su letrado.
En el caso de Pilar Grande, quien ayer eludió hacer declaraciones, el sumario desvela a través de las escuchas telefónicas y de al menos dos declaraciones realizadas en sede policial y judicial que ésta le entregó a la imputada en noviembre de 2012 una partida de 33.000 euros en concepto de depósito para la adquisición de un bungaló en el complejo Santa Ana (Playa del Inglés) y que la receptora le había advertido que su propiedad tardaría algo más porque se trataban de embargos antiguos. En septiembre de 2013, Grande aportó otros 4.900 euros en concepto de depósito por el embargo de una casa ubicada en la calle Hamburgo (San Agustín). A este remanente añadió 5.000 más en noviembre de ese mismo año. Asimismo, abonó 9.500 euros como pago por un vehículo -curiosamente, con un número de matrícula que aún no existe- y 2.000 euros más para rematar el bungaló del complejo de Santa Ana. En total, 54.400 euros. Ante el retraso sufrido, la diputada solo recibía excusas variopintas de manos de la receptora, ahora en prisión, a la hora de saber cómo iba esta operación.
Otro de los damnificados fue Antonio Sánchez Báez. El exconsejero y exconcejal centrista le dio 15.001 euros a Velázquez para poder optar a la titularidad de una vivienda, tal como reconoció ante la jueza el pasado 20 de octubre. Su inmersión en el proyecto vino de la mano de su hijo. Ahora, al igual que Grande y que otras 79 personas está a la espera de poder recuperar su dinero. Dieciocho de ellas se han personado ya en la causa.
