El Ayuntamiento de Telde negocia el pago de más de 30 millones de euros con los afectados por las expropiaciones realizadas en el municipio y por las que los tribunales han condenado a la institución. En estos momentos se trata con los abogados de los expropiados un plan de pago, según admitió ayer la alcaldesa, Carmen Hernández, quien declaró que "el grupo de gobierno debe buscar el equilibrio entre la ejecución de las sentencias y el mantenimiento de los servicios básicos que se ofrecen a los vecinos".
La presidenta de la corporación respondió así a una pregunta de su predecesora en el cargo, María del Carmen Castellano, en el primer pleno ordinario del nuevo mandato, que había solicitado información sobre las conversaciones mantenidas por Hernández y miembros del grupo de gobierno con los representantes legales de los expropiados. En su explicación, la regidora teldense señaló que "es un hecho casi histórico porque es la primera vez, según nos han dicho los abogados, que se han organizado estas reuniones para buscar una solución".
Asimismo, recordó a Castellano que en su mandato se presentó un plan de pago que fue rechazado por los tribunales y "ahora estamos elaborando uno nuevo para la ejecución de esas sentencias firmes", al tiempo que resaltó que se ha informado al juzgado de estos trámites para evitar multas, en un recordatorio de sanciones impuestas a la anterior alcaldesa por este tema.
Hernández señaló que se necesita la relación de las sentencias firmes por estas expropiaciones, relación, no obstante, elaborada por el exinterventor municipal Enrique Orts, donde se incluye a 35 afectados. En un informe económico presentado el 16 de abril de este año, Orts fija en 31.267.065, 53 euros la cantidad que se debe abonar por estas expropiaciones, al que habría que añadir, según recuerda el extécnico en su informe, el interés de mora por el retraso, en este caso un 5%. Ello aumenta aún más esas cantidades en ese 5% anual, ya se había contabilizado en 2014 el último listado.
Las expropiaciones, la mayoría realizadas en los mandatos del exalcalde Francisco Santiago, se remontan incluso las primeras hasta el año 1994 y las últimas a 2011. Entre esas facturas sin pagar se encuentran los más de nueve millones por una expropiación en La Herradura en 2002; casi cuatro millones en Lomo Bristol, también en 2002 o los también casi cuatro millones por una expropiación en la zona de Picachos, en el año 2000.
Los concejales de Economía y Presidencia, Celeste López y Alejandro Ramos, respectivamente, empezaron las negociaciones hace varias semanas con los abogados de los afectados y en los últimos días ha sido la propia alcaldesa la que ha citado en su despacho a los representantes legales de los expropiados. La delicada situación financiera de la corporación municipal se ha argumentado como el principal escollo para hacer frente a esas cantidades y será el consenso en el plan de pagos lo que determinará el plazo de su ejecución y la cuantía. Un acuerdo que el actual grupo de gobierno intenta concretar con los afectados, pero que no suponga un quebranto para la hacienda local, como estipula el artículo 135 de la Constitución Española.
