Los cuatro grandes ayuntamientos del Archipiélago -Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Telde- consideran que la actual política de vivienda no soluciona los problemas de los demandantes de pisos públicos y proponen que los gobiernos de España y Canarias primen el alquiler social, la rehabilitación y reposición de los inmuebles. Éstas son algunas de las ocho propuestas que los municipios más poblados de las Islas llevarán a la mesa técnica con esas dos administraciones.
En una reunión celebrada en la sede de la Alcaldía de Telde, los cuatro concejales de Vivienda -Carmen Hernández, además de alcaldesa dirige este departamento- abordaron durante unas dos horas con técnicos de las administraciones locales un documento abierto que posteriormente se presentará al resto de alcaldes canarios para su desarrollo. Además de Hernández, Javier Doreste, Flora Marrero y Carmen Delia Alberto, responsables de Vivienda en Las Palmas de Gran Canaria, La Laguna y Santa Cruz de Tenerife, respectivamente, expusieron en rueda de prensa su coincidencia en que la actual política debe reorientarse para evitar que los solicitantes terminen sin esperanzas de obtener un alojamiento y se den de baja en el registro de inscripción, una postura que consideraron errónea.
De hecho, los cuatro municipios han sufrido una importante merma de solicitantes de viviendas, una cantidad que desde 2012 ha supuesto que en Telde se hayan borrado del censo de peticionarios 1.430; en Las Palmas de Gran Canaria, 3.900; en Santa Cruz de Tenerife, 3.833 y en La Laguna, 2.345 bajas de oficio. Más de 11.500 esperanzas rotas por lograr un ansiado hogar, pero desde estos cuatro ayuntamientos se animó a que nadie renuncie a este objetivo porque ""no tiraremos la toalla y seguiremos luchando para garantizar el derecho constitucional, el derecho humano, del acceso a la vivienda".
Sin intereses partidistas
Javier Doreste puso el acento en que el problema de la vivienda afecta a toda Canarias, "no es un tema de un partido ni de una ciudad, sino un problema común que necesita un cambio en la política que se realiza en la actualidad". Y para ello, los cuatro concejales anunciaron sus ocho propuestas, al tiempo que destacaron que la realidad indica que habrá que apostar por el alquiler social y olvidarse de la vivienda en régimen de propiedad, una mentalidad que ya se está imponiendo en Europa.
Ese catálogo de soluciones tiene como punto de partida el consenso y compartir las estrategias de trabajo en materia de vivienda, al que debe seguir el diagnóstico de la situación de la vivienda en cada municipio para identificar los retos que se deben afrontar -tanto Telde como Santa Cruz ya han confeccionado el informe, mientras que los otros dos ayuntamientos están pendientes de hacerlo.
La tercera propuesta hace referencia a la reorientación de las políticas públicas con la introducción de nuevas medidas, mientras que la cuarta idea aportada por estos municipios es que se prime el alquiler social, una iniciativa ya puesta en marcha para evitar desahucios, pero que consideran debe promocionarse más por las administraciones públicas. En esa línea, la quinta propuesta se basa en la petición, tanto al Gobierno de España como al regional del desarrollo de nuevos planes de viviendas, centrados en el alquiler más que en la propiedad, la rehabilitación y reposición de inmuebles.
Otra aportación de los cuatro grandes ayuntamientos es que se promueva y aliente el alquiler privado, con la concesión de beneficios fiscales. Estos deberán tratarse con los alcaldes para concretar su ejecución. Las viviendas vacías, la mayoría propiedad de entidades bancarias, inmobiliarias o pequeños propietarios es otra de las vías para poner en marcha el alquiler social y, por último, una comunicación directa de los municipios con los cabildos y Gobierno regional para que se tengan en cuenta las aportaciones locales.
Doreste recordó que desde 2009 no ha habido más promociones de viviendas públicas y enfatizó que las vacías pertenecen en su mayoría a bancos e inmobiliarias. "En mi municipio hay 29.000 vacías, pero si fueran públicas yo no estaría aquí porque tendríamos solucionado este problema social".
Carmen Delia Alberto, por su parte, destacó que la capital tinerfeña es referente nacional en la lucha contra el desahucio y la promoción del alquiler social. También alegó que desde su ayuntamiento se busca que en la nueva Ley del Suelo se pueda permutar terrenos públicos por vivienda y se está trabajando en esa línea.
Carmen Hernández destacó la unión de los cuatro grandes ayuntamientos de Canarias, que cuenta con la mitad de la población del Archipiélago, pero también con la mayoría de parados y de peticionarios de viviendas. "No podemos seguir haciendo las mismas cosas si queremos cambiar esta realidad".
Por último, Flora Marrero resaltó que el perfil del peticionario suele ser de una mujer soltera con hijos a su cargo y en paro y con un problema común del riesgo de desahucio por falta de recursos.
