La piedra de Tindaya es un regalo de la naturaleza incrustado bajo la piel de Fuerteventura. En Tindaya o en las montañetas de Tebeto basta con arañar la epidermis de la isla para hallar su rastro salvaje: masas de roca de color rosáceo o gris que, tatuadas a su vez por la huella del óxido de hierro o de manganeso, mutan según la luz del sol hacia tonalidades anaranjadas o rojizas.
Técnicamente, se trata de una formación basáltica de composición cuarzo-traquítica. Una miserable descripción si se compara con la belleza áspera y camaleónica de la piedra que, en permanente conciliábulo con los movimientos solares, reviste por ejemplo los muros del auditorio Alfredo Kraus. Pero está escrito que los grandes regalos de la tierra se conviertan en un poderoso imán para uno o varios de los pecados capitales si sobre ellos se posa la mano humana.
Y la piedra de Tindaya en las canteras inexploradas de Tebeto no iba a ser una excepción. Ahora, cuando el caso estalla en el Parlamento, se trata de discernir si la piedra se convirtió en rehén de la codicia, de la pereza o de la soberbia. O tal vez de los tres pecados a la vez.
Tindaya, la montaña mágica de los aborígenes, es hoy un nombre maldito para el bolsillo de los canarios y, en la misma proporción, un auténtico talismán para un único empresario, Rafael Bittini, titular de la empresa Canteras Cabo Verde. A mediados de los años 90, la empresa de Bittini fue el eje alrededor del cual se gestó el fallido proyecto monumental de Tindaya, el fracasado intento de convertir la montaña en una obra legendaria de Eduardo Chillida que, sin que llegara a moverse una sola piedra, dejó una costosa e improductiva factura de 12 millones de euros en las cuentas autonómicas.
Apenas iniciado el siglo XXI, Tindaya protagonizó uno de los más frustrantes escándalos políticos de la historia de la Comunidad Autónoma. Pero cuando el terremoto sacudía los cimientos del Gobierno y de Coalición Canaria, nadie podía imaginar siquiera que Tindaya acabaría por convertirse en apenas una anécdota en comparación con su gemelo oscuro y anónimo: Tebeto, un fenómeno gestado en los meandros de la burocracia desde finales de los años ochenta que, tocado por uno de los círculos concéntricos de Tindaya, abrió a la postre en la Hacienda pública un agujero de 92 millones de euros, más intereses.
Hay cosas que sólo parecen posibles en este pequeño Macondo desquiciado que ha resultado ser Canarias. Entre ellas, pedir un permiso de investigación minera en 1982 y encontrarse, a la vuelta de 26 años y tras un largo pleito judicial, con una indemnización multimillonaria de 92 millones de euros sin haber movido un bloque de traquita, la llamada piedra de Tindaya, en las minas de Tebeto. En el inicio del caso, un escuálido permiso de investigación minera de apenas un año de duración original con nombre afrancesado, Chantal 23, a favor de Canteras Cabo Verde.
A su término, una demoledora sentencia judicial que condena a la Comunidad Autónoma a pagar 92 millones de euros por la imposibilidad legal de explotar una cantera que, bajo el nombre de Carmen 37, nunca llegó a conocer la piqueta. En medio, un enredo político que se ha agigantado silenciosamente a lo largo de cinco legislaturas autonómicas y bajo el mando de cinco presidentes diferentes y que hoy, irremediablemente contaminado por las coyunturas partidarias, llega al Parlamento en forma de propuesta para crear una comisión de investigación sobre el escándalo Tebeto.
Tebeto es una compleja tela de araña que atrapa hoy a los tres poderes de la democracia: el Ejecutivo, autor de una cadena de aparentes desatinos en cascada en relación con Tebeto; el Judicial, que señala al Gobierno como culpable del perjuicio ocasionado al ciudadano Bittini, y el Legislativo, que, salvo sorpresas plenarias, se sumergirá a partir de hoy en las tripas del caso en busca de un responsable político directo.
En síntesis, se trata de determinar qué y quiénes hicieron posible que un simple permiso de investigación minera cuya vigencia se declaró caducada en 1993 crecie-ra como una bola de nieve hasta transformarse en un derecho adquirido a una licencia minera imposible de explotar por limita- ciones urbanísticas y medioambientales, lo que finalmente condujo a la multimillonaria sentencia indemnizatoria. ¿Alguien da más en el circo del surrealismo?
Entender Tebeto no es sencillo, pero de manera muy críptica, su historia puede sintetizarse en dos hitos, situados respectivamente en los años 1993 y 2004. En el primero, bajo el mandato de un consejero socialista de Industria, Andrés Calvo, ya fallecido, el Gobierno declara la caducidad del permiso de investigación Chantal 23 y archiva la petición de Cabo Verde, formulada cinco años antes, para obtener en la misma zona una concesión directa de explotación minera donde extraer la preciada traquita.
Sólo unos días antes, el mismo departamento había otorgado un permiso de explotación a una empresa de la competencia, Canterías de Arucas, en otra zona de Tindaya. Cabo Verde no recurre en plazo la caducidad de su permiso de investigación. Pero sin embargo, se agarra a la licencia de Canterías de Arucas para emprender un pleito que, a la postre, generaría un rédito colosal sin inversión ni riesgo de ninguna clase.
El segundo hito se sitúa en el año 2004, cuando bajo el mandato de Luis Soria (PP) como consejero de Industria, este departamento concede la pretendida licencia a Bittini, aún a sabiendas de que Cabo Verde jamás podría explotar la cantera.
