El Ministerio de Sanidad y el Tribunal de Cuentas han dado los primeros pasos para fiscalizar la aplicación de la Ley de Dependencia en Canarias ante la sospecha de que la Comunidad Autónoma, además de otras, hace "caja" con los fondos que recibe del Estado para esta finalidad (43,6 millones de euros).
Tanto el Ministerio como el Tribunal, en sus respectivas investigaciones, intentan desentrañar la verdadera naturaleza de los servicios sociosanitarios que se prestan y cuál es la financiación que aporta el Gobierno regional, así como si forman parte del catálogo de prestaciones que contempla la ley.
Detrás de la iniciativa de Sanidad -si bien la ministra Trinidad Jiménez ha evitado señalar a ninguna de ellas- está el hecho, apuntado desde distintas entidades profesionales, de que Canarias y varias regiones gobernadas por el PP -Murcia, Madrid y Comunidad Valenciana sobre todo-, se encuentra en el furgón de cola de la norma. Desde el PSOE se señala además que en todas ellas se está boicoteando la aplicación de la ley por motivos políticos, aunque también suspenden regiones socialistas como Baleares y Extremadura.
Desde la Consejería de Bienestar Social, que dirige la nacionalista Inés Rojas, no sólo desmienten esas consideraciones sino que se asegura que se estaría destinando a la atención de dependientes (132,4 millones) una financiación muy por encima de la que teóricamente marca la ley.
Poner negro sobre blanco esos datos en Canarias puede resultar más complejo por la implicación de varias administraciones en la atención a dependientes y por la existencia previa de un sistema sociosanitario, que contaba ya con su propia financiación.
En cualquier caso, el informe de Sanidad que determine con claridad qué financiación aporta cada comunidad, no sólo la canaria, no estará concluido hasta dentro de varios meses.
Por su parte el Tribunal de Cuentas ha tomado también cartas en el asunto, aunque en este caso se trataría sobre todo de valorar si los fondos que transfiere el Estado para la dependencia son efectivamente destinados a este fin. También evaluará si las comunidades aportan su parte, al menos la misma cantidad que la administración central, y el cumplimiento de los plazos establecidos para que las prestaciones lleguen a los ciudadanos.
En todos esos ámbitos de investigación por parte del ente fiscalizador, la acción se remite de manera muy especial a lo que está pasando en Canarias dado que es la región de la que se afirma que en 2009 ingresó más de lo que se gastó en la atención a dependientes, y en la que, al menos formalmente, menor porcentaje de atendidos y mayor es la lista de espera que hay, según el informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
Rojas asegura que Canarias "es pionera en ofrecer atención sanitaria en los centros de dependencia" y aclara que se están atendiendo a 28.850 personas mayores y dependientes al margen de las más de 6.000 valoradas con los criterios que establece la norma estatal. Según ella "Canarias es la comunidad que más infraestructuras públicas tiene en la atención sociosanitaria, con mayor ratio de atención a dependientes" y la tercera, tras Navarra y País Vasco, donde el gasto para esta atención es mayor.
