Javier Artiles Camacho, asesor externo del Servicio Canario de la Salud (SCS) hasta poco después de la adjudicación del servicio de hemodiálisis a la empresa Lifeblood, le dará durante la mañana de hoy a la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, María Victoria Rosell, su versión de los hechos. Él es el tercero de los imputados llamados a declarar ante la magistrada.

Al parecer, la investigación iniciada por Rosell trata de desentrañar si el abogado actuó como un agente triple que contaba con información privilegiada sobre lo que se cocinaba en el SCS y asesoraba a su vez a Lifeblood y a Baxter, la concesionaria que perdió el servicio. Artiles, que asesoraba en cuestiones jurídicas a la empresa Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, dependiente de Sanidad, era, a su vez, adjudicatario de los centros satélite para diálisis del Hospital Insular de Gran Canaria y del de Fuerteventura, como propietario de Avericum. Sin embargo, como ha quedado al descubierto en la investigación, también era el apoderado de la concesionaria del servicio y una de las empresas que pujaban por el mismo contrato: RTS-Baxter.

Su relación con la empresa Lifeblood, que terminó ganando el concurso de 124 millones de euros -ahora suspendido-, se confirmó al desvelarse que fue él quien negoció, en nombre de la sociedad cuyo administrador es Francisco Javier Jorcano, con las entidades bancarias el aval necesario para asumir la adjudicación del concurso meses antes de que esta se produjera. Asimismo, y con esta base, sobre él recae la sospecha de haber maniobrado para que se modificara el pliego de condiciones del concurso público para que pudiese presentarse una empresa sin experiencia en la prestación del servicio de diálisis y que se valorarán de forma inusual los criterios subjetivos. La juez Rosell se prepara hoy para una nueva jornada maratoniana.