La prórroga de los presupuestos del Estado hasta la formación de un nuevo Gobierno mantiene en el aire varias de las transferencias que recibe Canarias. Las que mayor preocupación despiertan en el Gobierno de Canarias son las sujetas a negociaciones puntuales o a renovación anual y que se han enmarcado en los acuerdos presupuestarios entre CC y PSOE. Entre ellas están los 42 millones del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC), otros 40 millones destinados a infraestructura educativa y los 70 millones del ITE destinados a políticas activas de empleo.
Todas estas partidas deberá negociarlas el Gobierno canario con el próximo Ejecutivo central una vez que este haya establecido la fórmula para revisar la prórroga presupuestaria actualmente en vigor. Puede hacerlo mediante un proyecto de ley de Presupuestos propiamente dicho o introduciendo modificaciones de crédito puntuales para reajustar las partidas aprobadas el año pasado.
El Gobierno regional confía en que los convenios de infraestructuras queden a salvo de cualquier ajuste, dado su carácter plurianual, por muy restrictivos que sean los planes del próximo Ejecutivo en el apartado de las inversiones públicas.
"En teoría estas partidas no deben verse afectadas. Están en la prórroga del Presupuesto estatal y deberían estar en cualquiera de los escenarios de modificación que se lleve a cabo para 2012", afirman fuentes cercanas al Gobierno canario. De hecho, el proyecto de presupuestos autonómicos presentado el lunes en el Parlamento incluye partidas de inversión que no alcanzarían los objetivos previstos si el Estado detrajese parte de sus recursos.
Sin embargo, para al menos 200 millones de estos recursos el futuro dependerá mucho de lo que pase el 20-N y de las posteriores negociaciones entre Madrid y Canarias. Esta cuestión es una de las que están centrando parte del debate político en la campaña electoral, en la que el PSC está tratando de que el PP, que critica por escaso el Plan Canarias, se comprometa por lo menos a igualar la inversión si llega al Gobierno. Eso garantizaría la plena ejecución de todas las anualidades de los convenios de infraestructuras.
Garantizado
Por el momento, la prórroga de los presupuestos estatales de 2011 garantiza una gran parte de las inversiones contempladas en los convenios de infraestructuras entre el Estado y Canarias. El nuevo Ejecutivo debe concretar si mantiene todas las partidas para las Islas contempladas en el presupuesto en vigor, o si, como temen CC y el PSC, esa cifra formará parte de los recortes previstos de más de 16.000 millones para alcanzar el objetivo de déficit del 4,4 % del PIB, un ajuste que casi podría duplicarse por la crisis de la deuda española, según algunas previsiones.
La prórroga de los presupuestos estatales establece una inversión teórica del Estado en Canarias para el próximo año de en torno a 1.000 millones. De ellos, 460 millones corresponden a transferencias de capital a la Comunidad Autónoma para los convenios, pero muchas de las partidas que contemplan están sujetas a negociación, revisión o a la firma de acuerdos anuales entre ambas administraciones.
Las inversiones aseguradas serían las correspondientes a los convenios de infraestructuras, que se prorrogan automáticamente cada año y para los que en 2011 se consignaron 200 millones en el caso del de carreteras y otros 60 en el de obras hidráulicas. Pero incluso estas anualidades pueden quedar afectadas por los ajustes presupuestarios.
Los trenes
También deben estar garantizadas las anualidades pactadas para otros programas puestos en marcha en los últimos años o incluidos en el Plan Canarias. Son los casos de los proyectos de implantación del ferrocarril en las dos islas capitalinas, con 10 millones anuales para cada uno de ellos; el tranvía en la capital tinerfeña, de otros 10 millones, o los planes de reindustrialización y de rehabilitación de espacios turísticos maduros, que en 2011 obtuvieron recursos estatales por valor de 21,4 y 42 millones, respectivamente.
El de infraestructuras turísticas contemplaba para 2012 un total de 50 millones, por lo que el Gobierno de Canarias deberá negociar con el estatal después del 20-N si se mantienen los 42 millones o se aumenta a la cifra previamente establecida. Este convenio tiene una vigencia de tres años y una inversión total de 122 millones hasta 2012.
