Antonio Pérez, denunciante en la causa abierta contra el presidente del Cabildo de la Gomera, Casimiro Curbelo, aseguró ayer que el jueves pasado ratificó ante el juez de San Sebastián de La Gomera, Álvaro Rodríguez Bernaldo de Quirós, la declaración que llevó a cabo ante la Guardia Civil sobre presuntos delitos de cohecho relacionados con actuaciones urbanísticas en diversas localidades de la Isla. La ratificación, explicó el médico y expromotor urbanístico, se realizó en "todos los términos". Es decir, en los casos -integrados en la llamada operación Telaraña en la que estaría implicado en político socialista- de El Machal, El Lamero y El Revolcadero para los en su momento aportó a la investigación grabaciones de voz y documentos notariales que darían fe de las supuestas presiones de Curbelo para "hacerse con propiedades".
Pérez asegura que Curbelo intervenía desde el Cabildo en función de su conveniencia, bien para promover un cambio de uso en alguno de los terrenos o bien para bloquear iniciativas, como en el caso de la urbanización turística para 1.500 camas de El Revolcadero (Alajeró). Siempre según su testimonio, en esa zona turística desde la corporación insular se habría instado a una desclasificación de suelo, de urbano a rústico, para impedirle construir si Curbelo no recibía, señala, una compensación.
Pérez afirma que estas últimas semanas han sido varios implicados en la trama los que han declarado ante el juez.
