Los cargos públicos imputados en el caso Las Teresitas no pudieron justificar alrededor de un millón de euros en la época en que se produjo la operación de compraventa de los terrenos de la playa de la capital tinerfeña. Entre 1998 y principios de 2001, época en la que la mercantil Inversiones Las Teresitas desarrolló la compra y posterior venta al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de los terrenos aledaños a la playa, lo que le generó plusvalías de 120 millones de euros, el alcalde y los concejales Manuel Parejo, José Luis de Martín y Emilio Fresco no pudieron justificar cantidades en efectivo que rondan el millón de euros, tales como compras de vehículos con dinero al contado, ingresos de cheques de dudosa procedencia y disposiciones en efectivo de "origen desconocido", según el sumario del caso desclasificado el pasado viernes.

Un informe económico-patrimonial de la Delegación de Santa Cruz de Tenerife de la Agencia Tributaria, de más de doscientos folios, saca a relucir los tejemanejes de los cargos públicos del Ayuntamiento en la época en que se desarrollaba la compraventa de Las Teresitas, para la que era necesario el voto a favor de todos ellos en un pleno que aprobó, por unanimidad, comprar a los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia, propietarios de Inversiones Las Teresitas, el frente de playa por un valor de 52 millones de euros.

De esta forma, la Agencia Tributaria refleja cómo el alcalde, Miguel Zerolo, y su entorno familiar manejaban "dinero en efectivo de dudosa procedencia" tales como ingresos de cheques y compras de vehículos al contado. José Luis de Martín, entonces concejal del PSOE que votó a favor de la compra de Las Teresitas en contra de la opinión de su partido, ingresó en cuentas de una de sus empresas hasta 178.000 euros sin justificar, mientras que el entonces concejal de Urbanismo, Manuel Parejo (CC), movió alrededor de 111.000 euros en efectivo durante esa época.

El concejal socialista Emilio Fresco, que también votó a favor en contra de la disciplina de su partido, movió unos 196.954 euros sin justificar, lo que la Agencia Tributaria define en su informe como "dinero en efectivo acaudalado". Ninguno de ellos ha podido justificar los movimientos dinerarios que en esa época (1998-2001) se llevaron a cabo en sus cuentas.