El Ministerio de Defensa advirtió en 2001 de que la otorgación de permisos para explorar la existencia de petróleo frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura podía molestar al vecino marroquí. De hecho, la tramitación de la autorización solicitada por Repsol motivó que el Gobierno de Marruecos reclamara el inicio de conversaciones para delimitar las respectivas aguas jurisdiccionales y su aprobación supuso, en enero de 2002, una protesta formal de Rabat.
La llamada de atención de Defensa forma parte del expediente enviado por el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, a las instituciones canarias para reactivar la autorización concedida a la petrolera en diciembre de 2001 y suspendida judicialmente tres años después ante la falta de control medioambiental. En él consta el procedimiento seguido para la concesión del permiso, entre ellos los informes emitidos por varios departamentos del Estado a solicitud del Ministerio de Economía, entonces dirigido por Rodrigo Rato y competente en Energía.
Defensa puso de manifiesto en mayo de ese año que "al no existir un acuerdo bilateral con Marruecos que delimite las zonas económicas exclusivas [200 millas] de ambos países, pudiera surgir algún tipo de litigio por la pretensión marroquí de fijar la línea de equidistancia no desde la costa de África, sino desde su talud continental [subsuelo marino que se extiende más allá de las 12 millas del mar territorial], por lo que estaría más próxima a las costas de Lanzarote y Fuerteventura y cruzaría algún vértice de las zonas de prospección".
En total, el área de exploración para el que Repsol inició la tramitación en noviembre de 2000 consta de nueve cuadrículas en un total de 616.060 hectáreas y se situaría, la más lejana, a unas 50 millas desde la costa canaria.
Los roces
La complejidad de definición de los límites con Marruecos es puesta también de manifiesto en el resumen del expediente administrativo que hace la Dirección General de Política Energética y Minas. En él se subraya que en todas las fases del proceso se actuó de "forma coordinada" con el Ministerio de Asuntos Exteriores con el fin de garantizar que las investigaciones en el subsuelo marino se llevaran a cabo dentro de las aguas jurisdiccionales españolas. Pese a ello, se señala, el inicio de la tramitación del permiso solicitado por Repsol motivó "una nota verbal del Gobierno de Marruecos solicitando el inicio de conversaciones" a fin de definir la mediana.
Un mes después de que el Consejo de Gobierno aprobara el real decreto que permitía a la petrolera investigar durante seis años junto a las Canarias, el ministerio marroquí de Asuntos Exteriores remitió una nota de protesta a la Embajada española en Rabat.
El documento de Defensa, que se firma desde la Subdirección General de Patrimonio, informa también de que, una vez consultados los distintos cuarteles generales, en la zona afectada por la exploraciones de hidrocarburos no existen instalaciones de interés para la defensa nacional.
