Un auténtico tsunami de recortes en los servicios y prestaciones en educación, sanidad y dependencia en todas las comunidades autónomas recorre los planes de estabilidad y de ajuste fiscal presentados ayer por los diferentes gobiernos regionales ante el Ministerio de Hacienda en su intento desesperado por intentar cumplir el objetivo de déficit del 1,5 % del PIB im- puesto por el Estado. Junto a ello, la mayoría contempla reducciones de los sueldos de los funcionarios o planes de despidos en las empresas públicas, entre ellas algunas televisiones autonómicas, así como la reordenación de puestos y funciones en la Administración para frenar el gasto corriente. El cuadro de la mayoría de los planes para ajustar los presupuestos de este año se completa con subidas de tasas e impuestos con distintas características e intensidades.

Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía son algunas de las regiones cuyos planes de ajuste están bajo mayor vigilancia por su alto nivel de déficit y son por ello las más expuestas a una posible intervención de sus cuentas públicas por parte del Estado, aunque ayer el departamento que dirige Cristóbal Montoro lo veía poco probable.

La mayoría de las comunidades incluyen en sus planes el ahorro que les suponen las medidas aprobadas recientemente por el Gobierno central por valor de 7.000 millones en sanidad, como el copago farmacéutico, y de otros 3.000 en educación, como la no contratación de profesores interinos o la subida de tasas universitarias, aunque no todas van a reducir el gasto en la misma proporción. Algunas como Canarias, Andalucía o País Vasco han anunciado que "amortiguarán" en lo que puedan la aplicación de esos decretos estatales. Pero todas ellas contempla medidas específicas en ambas materias que en algunos casos suponen recortes complementarios a los ya producidos durante los últimos años.

Cataluña y Andalucía, por ejemplo, han presentado planes de ajuste fiscal que el ministerio rechaza porque están basa-dos en una previsión de ingre- sos estatales para este año que en realidad no contemplan los presupuestos que actualmente se tramitan en el Congreso. Canarias y otras también se quejan del efecto de los recortes estatales, pero han optado por la disciplina fiscal para alejar el fan-tasma de la intervención.

Cataluña pretende ajustar entre 1.500 y 1.900 millones para poder reducir su déficit del 3,72 por ciento del año pasado al 1,5 exigido para 2012 y para ello, junto a la rebaja salarial de los funcionarios y altos cargos, la implantación del céntimo por receta o la tasa turística y la venta de patrimonio.