Castilla-La Mancha y Murcia han descartado unirse al frente común que pretende crear el presidente canario, Paulino Rivero, para que el Gobierno central mejore el reparto de fondos estatales entre las comunidades autónomas. Se suman así al presidente valenciano, Alberto Fabra, quien ha reconocido la existencia de contactos con el jefe del Ejecutivo canario, pero ha descartado unirse a la entente para ejercer presión sobre Madrid.

Las tres comunidades son, junto al Archipiélago, de las peor paradas por la distribución que se deriva del modelo de sistema de financiación implantado a partir de 2009. También todas ellas están gobernadas por el PP, por lo que, aunque reivindicativas, no están dispuestas a integrar un lobby en el que se incluyen regiones abiertamente enfrentadas al Gobierno de Mariano Rajoy como Canarias y Andalucía.

Según recogió ayer La Opinión de Murcia, el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, negó la existencia de un "frente común". Como su homólogo valenciano, también reconoció haber conversado con Paulino Rivero en un mero "intercambio de información".

Fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha coincidieron con los murcianos en señalar como culpable de estos desequilibrios al Gobierno de Zapatero, que aprobó el cambio de modelo del sistema de financiación. Aún reconociendo que el reparto es injusto, la comunidad gobernada por la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, se mostró totalmente en contra de abrir el debate.

No toca

A las comunidades les "toca ahora cumplir sus obligaciones", señalaron las mencionadas fuentes castellanomanchegas. Mientras, Valcárcel señaló que "el señor Rivero no es el que va a arreglar el problema de Murcia", sino el Gobierno de España. El murciano se mostró "confiado" en que Rajoy tendrá en cuenta sus peticiones.

Desde Valencia, el vicepresidente del Consell, el también popular José Ciscar, explicó que un grupo de expertos del Ministerio de Hacienda está trabajando para reformar la financiación. Centró exclusivamente en ese ámbito el lugar donde se deben abordar los posibles cambios. Descartó, por tanto, como ya hiciera el presidente Alberto Fabra, unirse a un bloque de presión, pero afirmó que su comunidad seguirá "reivindicando una financiación justa" desde la "solidaridad y responsabilidad que implica la situación económica general en estos momentos".