Una "auténtica anécdota". Eso es lo que considera el portavoz del Gobierno canario, Martín Marrero, la aprobación del PP de una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2013 para destinar cuatro millones de euros a subvencionar la desalación de agua en las Islas. Éste es el único retoque que aceptaron los populares en las cuentas nacionales, que han concluido su trámite en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, donde las enmiendas de CC-NC y PSOE fueron denegadas. Las enmiendas pasarán a pleno de la Cámara la próxima semana. Las rechazadas en Comisión quedan vivas, pero no hay posibilidad real de que una enmienda significativa prospere.
Ni siquiera la ayuda a las potabilizadoras es una enmienda propiamente dicha, sino la apertura de una partida en las cuentas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que dirige José Manuel Soria, quien tuvo que maniobrar para buscar fondos ante la oposición del ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, que rechazó sucumbir a las quejas de instituciones y empresas del Archipiélago.
El portavoz del Ejecutivo regional, Martín Marrero, redujo igualmente ayer a "simple anécdota" la aportación del Estado para los desplazamientos de 5.000 deportistas para competir en la Península, partida suprimida en principio para 2013. La cuantía, que rondaría el millón de euros, se detraería de la recaudación de las quinielas de fútbol. La medida está por fijar en un decreto ley que el Consejo de Ministros prevé acordar en enero.
En cartera el PP regional tiene también la esperanza de aprobar, en el trámite parlamentario de los presupuestos en el Senado, el desvío de dos millones de los fondos dirigidos a redactar los estudios de viabilidad de los trenes en Gran Canaria y Tenerife para compensar el transporte de mercancías.
En un cajón de Madrid queda la súplica de Canarias para aumentar diversas partidas, entre ellas, las de carreteras y el importe del Plan Integral de Empleo, que desciende de 42 a diez millones de euros.
Y es que el Gobierno regional decidió el 25 de octubre aplazar la aprobación de sus presupuestos, pero su pulso cae en saco roto. "No queremos resignarnos", alegaron entonces el pacto de CC y PSC-PSOE, que aprobará seguramente sus cuentas la próxima semana.
Tampoco quiso conformarse el presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, del PP, que anunció hace semanas a bombo y platillo un paquete de enmiendas al presupuesto por 144 millones, sin negociarlo antes. Al final sólo consiguieron salvar de la escabechina 14 millones para una carretera.
Aparte de Valencia, Madrid y Baleares son también otras de las regiones gobernadas por el Partido Popular que han vociferado contra los recortes. El ministro Montoro ha actuado de cortafuegos a las demandas territoriales de los barones.
