La consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, admitió ayer que sólo cuando hay "vacantes" se pueden incorporar a beneficiarios en los servicios que ofrece la Ley de Dependencia en el Archipiélago. El fallecimiento de un usuario en la actualidad, el abandono de un centro o residencia o dejar de percibir la prestación económica permite que entre 60 y 100 personas cada mes ingresen en el sistema, gracias a los "fondos propios" del Ejecutivo regional, según fuentes de la Consejería.

La consejera compareció ayer en comisión en el Parlamento regional para contestar a las quejas presentadas por los ciudadanos ante el Diputado del Común, Jerónimo Saavedra sobre la poca celeridad del Gobierno para atender a los demandantes de ayuda. Una denuncia que acompaña a la consejera Rojas desde la pasada legislatura toda vez que la Comunidad Autónoma se sitúa en la cola del país en solicitudes atendidas.

Rojas reconoció ayer que es "prácticamente imposible" aprobar altas de más beneficiarios debido a los recortes presupuestarios del Estado, excepto cuando hay "vacantes". En este sentido, ante la "insuficiencia financiera" por parte del Gobierno central, el Ejecutivo autonómico asegura que tira de sus partidas para introducir cada mes a personas que cumplen los requisitos, "siempre que haya vacantes" en un servicio, en la prestación vinculada a un servicio o en la ayuda económica, precisaron fuentes de la Consejería de Políticas Sociales. Estas detallaron que la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2013 contempla 117 millones de euros para garantizar la atención a los dependientes. Por su parte, el Estado destinó el pasado año 22 millones para atender a la dependencia en el Archipiélago, cuantía que se repetirá de forma similar para el presente ejercicio.

Para 2013 el Gobierno central ha suprimido ocho millones de euros en la financiación de la dependencia para las Islas y "sólo aporta 266 euros por plaza de residencia, a pesar de que el coste puede alcanzar los 2.000 euros", según las fuentes.

En su intervención, la consejera manifestó que las restricciones financieras, la inseguridad jurídica por las modificaciones legales aprobadas por el Gobierno central y la "engorrosa" burocracia representan los principales problemas al aplicar la normativa. Igualmente, informó de que se ha creado una comisión de trabajo con el Diputado del Común para aclarar "las distintas casuísticas" ante las protestas ciudadanas.

La institución que preside Jerónimo Saavedra ha recibido 113 quejas por dilaciones en la aprobación y notificación del Programa Individual de Atención (PIA), para otorgarle una prestación económica o la asistencia social oportuna. De esta cifra total, cinco expedientes datan de 2009, diez no logran respuesta desde 2010, 21 procedimientos se arrastran desde 2011 y 77 corresponden a 2012. El expresidente amenazó en enero con llevar al Gobierno regional ante la Fiscalía por no responder las quejas de los ciudadanos.

Rojas expuso que, tras la aprobación de la Ley de Dependencia, Canarias tuvo que adaptar toda su normativa, y, cuando ya lo había hecho, el Gobierno central del PP volvió a cambiar la ley, por lo que serán necesarias nuevas modificaciones.

Según Rojas, las alteraciones legales implican que ahora es casi imposible cumplir los requisitos para tener una prestación por cuidado de familiar dependiente, y han variado los baremos en la declaración de dependencia, recogió Efe.

La diputada de Nueva Canarias Carmen Hernández dijo que la situación "empeora", de forma que reclamó "una reorientación estructural" de las políticas sociales o bien "que otras personas asuman esa tarea". "Si la población conociera la institución del Diputado del Común habría miles de quejas", ya que con 24.000 personas con derecho a prestación sólo 11.000 la reciben, afirmó, y denunció que 13.000 personas con discapacidad esperan dos años para recibir una respuesta del Gobierno, y tardan quince meses más en conseguir el reconocimiento de la discapacidad.

Milagros Bethencourt (PP) denunció que hay grandes dependientes esperando desde 2007 una respuesta y cuantificó en 30.000 los reconocidos sin prestación.