La ley que regula la Prestación Canaria de Inserción (PCI) será modificada con urgencia para adaptarse a la crisis social que vive Canarias y ampliar el número de beneficiarios de la misma. Actualmente hay unas 5.500 familias a las que llega este salario social, lo que equivale a más de 10.000 personas, con un presupuesto de unos 20 millones de euros. El destino de los fondos es prioritariamente familias y personas en exclusión social.

La consejera de Políticas Sociales, Inés Rojas, admitió la necesidad de ampliar el perfil de destinatarios del salario social ante el creciente número de familias con grave riesgo de exclusión social. Además de incluir a más colectivos vulnerables, la modificación legislativa también pretende agilizar el procedimiento administrativo para valorar la situación de los demandantes. Rojas reconoció que hay que "eliminar burocracia" y que los datos que se solicitan a las familias serán contrastados por la Administración.

Inés Rojas evitó cuantificar a cuántas personas más llegará la Prestación Canaria de Inserción y el incremento que supondrá en el presupuesto de la Comunidad Autónoma.

Lo que sí remarcó la consejera es que el seguimiento del salario social será similar al actual, es decir, los servicios sociales exigirán a los beneficiarios un itinerario formativo con el fin de adquirir habilidades sociales para encontrar un puesto de trabajo.

Por lo que se refiere a la modificación de la Ley de Vivienda, que se encuentra en exposición públicas, Rojas añadió que la misma dará prioridad a los alquileres sociales con el fin de evitar que familias en procesos de desahucio sean desalojadas de sus viviendas por las entidades financieras mediante la expropiación del uso de los inmuebles. También se adoptarán medidas para que las entidades financieras, sus inmobiliarias filiales y los promotores pongan en el mercado las viviendas vacías que poseen para alquilarlas.

Rojas solicitó la colaboración de las entidades financieras y de los ayuntamientos para no generalizar el uso de la expropiación por parte de la Administración y evitar que las familias se queden en la calle.