Los recortes obligan al Gobierno de Canarias a mirar con lupa sus partidas presupuestarias, tanto en las Islas como en el exterior. Bajo esta premisa el Ejecutivo regional fiscaliza al detalle cada uno de los expedientes, hasta el punto de que 86 personas han quedado excluidas de las ayudas para la prestación de asistencia sanitaria a los isleños residentes en Venezuela.
La Comunidad Autónoma ha rebajado el presupuesto del convenio con la Fundación España Salud, dirigido a la atención de mayores de 65 años, en situación de necesidad y que no perciben la prestación económica por ancianidad. De 2009 a 2011, la administración asignó 800.000 euros para esta partida en la octava isla, pero en 2012 la redujo a 600.000 euros y para 2013 prevé destinar 497.905 euros.
En paralelo, en los últimos años y hasta mayo 1.125 usuarios resultaron beneficiarios de estas ayudas. Sin embargo, para el nuevo periodo de junio a diciembre, el Gobierno sólo ha aprobado 797 solicitudes. Otras 86 han sido rechazadas por no cumplir los requisitos exigidos. La mayoría de los interesados no aportó toda la documentación, no acreditó que nació en el Archipiélago o no está en situación de precariedad, entre otros factores. Además, esta última convocatoria fue más dura, pues advertía de que si una vez otorgada la ayuda se detectaba que los datos eran falsos -a través de inspecciones periódicas- los usuarios no podrían volver a pedirla durante tres años. Esta circunstancia probablemente influyó en la disminución de demandas.
"Controlamos mucho más y mejor todos los expedientes", admitió el viceconsejero de Acción Exterior, Cándido Padrón. El Gobierno regional ha ahorrado 102.095 euros respecto a 2012 gracias al "cribado" de los informes. Achacó el menor gasto al filtrado de las listas de convocatorias anteriores y al cruce de datos con la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales de Venezuela, con el fin de ofrecer la atención médico-quirúrgica y funeraria a quien "de verdad lo necesita".
