La clase empresarial canaria recibió con cierto estupor el anuncio de la consulta popular que va a tramitar el Gobierno de Canarias sobre los sondeos petrolíferos autorizados por Madrid a Repsol. "Cortina de humo" o "fuegos de artificio" fueron algunos de los calificativos que dedicaron a la iniciativa algunos de los dirigentes empresariales que entienden la medida como una traba más de las que tienen que salvar los inversores en el Archipiélago para lograr que sus proyectos cristalicen.
Solo el presidente de CEOE-Tenerife, José Carlos Francisco, prefirió aguardar a la reunión de su comité ejecutivo, "dentro de dos semanas", para fijar una posición clara sobre la intención del presidente canario, Paulino Rivero. Eso sin obviar que está "de acuerdo con que se realicen las prospecciones" a unos 60 kilómetros de las costas de Lanzarote y Fuerteventura.
Su homólogo en la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), la patronal de la provincia de Las Palmas, Agustín Manrique de Lara, no puso paños calientes de ningún tipo. Tildó de "lamentable" que el Gobierno de las Islas decidiera reunirse de urgencia "para tratar un tema sobre el que no tiene competencias. Fue una sopresa enterarnos de que el encuentro tenía por objeto frenar una actividad económica", explicó.
"Ahora es el petróleo; luego, la industria; después, el turismo, o la agricultura", enumeró Manrique de Lara para explicar que el intento de frenar las prospecciones no es sino una más de las decisiones mediante las que el Gobierno de Canarias lastra las inversiones.
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