El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este viernes un proyecto de ley que modifica la norma que regula la Prestación Canaria de Inserción para acortar el plazo de tramitación y variar los requisitos, lo que previsiblemente aumentará en un 9 por ciento el número de beneficiarios.
El portavoz del Gobierno regional, Martín Marrero, dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo que con este proyecto de ley, que ahora será remitido al Parlamento regional, tiene, entre otros objetivos, el de replantear el perfil de las personas acogidas a esta prestación, que hasta ahora se destina usuarios en riesgo de exclusión social.
Martín Marrero admitió que como consecuencia de la crisis se ha detectado un incremento de los solicitantes que, si bien no se pueden incluir dentro del colectivo de exclusión social, pues tienen formación, sin embargo no pueden cubrir las necesidades básicas, como alimentación y vivienda, al no percibir ningún recurso y haber agotado el resto de prestaciones económicas del sistema público.
El portavoz subrayó que se amplía el ámbito de cobertura de la Ley al modificar las condiciones de acceso en relación al tiempo de residencia en las islas, que pasa de tres a un año, así como el periodo que se computa como ausencia de renta, que se reduce de un año a tres meses.
Por otro lado, se aumenta el nivel de protección de las familias con miembros beneficiarios de prestaciones económicas del sistema de dependencia, al exonerar las mismas del cómputo de rentas y, en consecuencia, del cálculo del importe de la prestación económica.
Otro aspecto esencial que se aborda es la búsqueda de la simplificación administrativa, añadió Marrero, quien dijo que se precisa el carácter subsidiario y complementario de la prestación económica respecto de otras prestaciones públicas y se contempla expresamente la obligación de las administraciones de incorporar de oficio en el expediente todos aquellos datos del interesado que estén en su poder o que puedan ser obtenidos por medios telemáticos.
Además se elimina el título referido al régimen sancionador puesto "que no resulta operativo ni eficaz para la finalidad que persigue la Ley", y se potencia la posibilidad de suspensión en los casos de incumplimiento temporal de los requisitos o de las obligaciones que la propia norma establece.
Asimismo se propone un nuevo cálculo para las cuantías de la ayuda económica básica con el objetivo de ofrecer una mayor protección a las familias con hijos menores a su cargo, que tendrán un aumento en 50 euros en la cifra percibida.
También se modifica el periodo de cobro de la prestación económica y se establece un máximo de 12 meses, aunque se permitirá solicitar una nueva prestación pasado otro año.
Martín Marrero destacó como una de las principales modificaciones introducidas la de acortar el plazo de trámite de la Prestación Canaria de Inserción, que ahora será de cuatro meses para resolver las solicitudes desde su recepción por parte del departamento correspondiente del Ejecutivo regional.
Ello implica también agilizar la tramitación en los ayuntamientos, que pasarán de tres a dos meses para culminar el expediente.
No obstante, el portavoz dijo que "en teoría" los ayuntamientos ya tienen el trabajo hecho al disponer de un censo de personas solicitantes y haber estudiado sus datos, y en cuanto a las quejas de algunos municipios de falta de personal para esta labor debido a los recortes, Marrero opinó que el Gobierno autonómico no ha recortado a los consistorios sino, por el contrario, ha aumentado la cuantía del Fondo Canario de Financiación Local.
Añadió el portavoz del Ejecutivo regional que en el presupuesto autonómico para 2014 se han consignado más de 23 millones de euros para la gestión de la Prestación Canaria de Inserción, lo que implica un aumento en un 25 por ciento respecto al año pasado.
Además esta prestación ofrece la tercera cuantía más alta del Estado, tras País Vasco y Navarra, y en 2013 benefició a 11.917 personas en el archipiélago.
En abril de este año percibieron la prestación 5.600 beneficiarios de forma directa, pues si se incluye a los familiares, esta cifra se eleva a 10.299.
El portavoz reiteró que es un error considerar esta percepción como una mera percepción económica tras agotar el paro, puesto que va unida a un itinerario social y formativo de los beneficiarios, de manera que conceder esta ayuda no suponga "pan para hoy y hambre para mañana", informa EFE.
