La consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, eludió ayer las críticas de la Fiscalía sobre la fuga de menores de centros de acogida en Fuerteventura para ejercer la prostitución y limitó a uno solo los casos. "Hay que dejar trabajar a la justicia y que no cunda la alarma porque es solo el caso de una niña", afirmó.
La fiscal decana de Menores de Las Palmas, Montserrat García, alertó en una entrevista concedida a LA PROVINCIA/DLP de la "absoluta" falta de coordinación entre las instituciones y la falta de unidad de actuación en la Dirección General de Infancia, adscrita a Rojas. "La desorganización es terrible", reprobó la representante del Ministerio Público, que protestó fundamentalmente ante el "abandono" de los centros de menores de Lanzarote y Fuerteventura, sobre todo en esta última isla donde se ha registrado "un número considerable de menores que estaban bajo las redes de gente que los utilizaban para el ejercicio de la prostitución".
García llegó a denunciar que hay "dos o tres centros" tutelados de las Islas en los que hay menores "permanentemente fugados".
La gestión de los centros es competencia de los cabildos, aunque la tutela de los niños corresponde al Ejecutivo regional. Se trata de hogares de acogida en régimen abierto donde los niños declarados en situación de vulnerabilidad y desamparo entran y salen con libertad, con el fin de que puedan hacer una vida normal.
Investigación
La titular de Políticas Sociales evitó pronunciarse sobre los dardos lanzados por la fiscal. Circunscribió el problema de los menores que se escapan para practicar la prostitución al caso de una niña en un centro de Fuerteventura, un suceso que la propia Dirección General de Infancia ha puesto en conocimiento de la Policía y del juzgado, que han abierto una investigación para esclarecer los hechos.
"Existe un proceso judicial y policial abierto en este momento y hay que dejarlo en ese marco", arguyó Rojas, que insistió en que este caso aconteció "hace meses" y la propia administración pública actuó como entidad protecto-ra de la menor.
Con todo, el departamento dirigido por Rojas aboga por apuntalar la coordinación entre las instituciones para reforzar la atención a los menores.
El consejero de Bienestar Social y Juventud del Cabildo de Fuerteventura, Víctor Alonso, rehuyó manifestarse sobre el asunto. No obstante, otras fuentes de la corporación insular negaron denuncias "recientes" de fugas de niños en acogida para ejercer la prostitución. Apuntaron que los casos denunciados por el Ministerio Público ocurrieron "hace ya tiempo" y, tras realizar un "seguimiento administrativo", el Cabildo majorero remitió "toda la información al juzgado".
Por su parte, el consejero de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote, Marciano Acuña, rebatió las declaraciones de la fis- cal y negó que exista "descontrol" en la asistencia de los menores acogidos. Alegó que desde esta corporación "se intenta hacer lo mejor posible" y admitió que dicha labor "no está exenta de dificultades por las características de algunos niños".
En esa línea, reclamó poner en marcha otro centro terapéutico para menores, aparte del ubica- do en Gran Canaria, dirigido a perfiles de niños "más complicados", con trastornos psicológicos o de conducta.
Acuña aseguró que "no hay menores fugados de forma permanente" en los centros de esta isla. "Tenemos incidentes, como es obvio, de uno o varios días fugados, pero en el 95% de las ocasiones vuelve a casa de forma más o menos inmediata", apostilló el consejero, que insistió en que los centros son hogares, "sin barrotes ni celdas".
En la actualidad el Cabildo lanzaroteño gestiona cuatro centros de acogida con un total de 63 plazas, que están ahora al 40% de su capacidad. Alberga entonces al-rededor de 25 niños, más otros cuatro que arribaron hace una semana en una barquilla a la costa de Famara, en Teguise, y que declararon ser menores, aunque aún no se les han realizado las pruebas óseas para comprobar- lo. Esta circunstancia preocupa al consejero, que exige acelerar los protocolos para determinar las edades de los inmigrantes que llegan en situación irregular. "Podemos estar causando una influencia negativa a menores que atendemos en los centros por incor-porar a personas que no tenemos la certeza de que sean menores", agregó Acuña.
