El fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, considera que "la falta de un medio, un escáner, no puede ser nunca la justificación" para dilatar el levantamiento del secreto de unas actuaciones judiciales y más "si hace un año que el juez decidió que ya no tenía razón de mantener el secreto". A su juicio, el artículo 24 de la Constitución deja claro que las partes tienen derecho "a ser informadas" de la acusación formulada contra ellas y cuando se produce el secreto en las actuaciones es una medida "excepcional" que tiene un plazo de duración de 30 días. No obstante, el juez puede prorrogar "mensualmente" este plazo mediante autos que en los que debe haber una motivación, pero "una falta de un medio no puede restringir el derecho a las partes a conocer el proceso".

El juez del caso Corredor, César Romero Pamparacuatro, reconoce en su auto contra el candidato de CC a la Presidencia, Fernando Clavijo, que tardó más de dos años en la comunicación de las acusaciones y el levantamiento del secreto de sumario, por las dificultades materiales. En concreto, culpó a las administraciones canarias de haber entorpecido su investigación y señaló como responsable directa a la Dirección General de Relaciones con la Administración de la Justicia del Gobierno de Canarias, al citar que las dificultades materiales y los retrasos "injustificados" en la dotación de los medios técnicos necesarios están detrás de la demora en la publicación de la imputación de Fernando Clavijo y los otros doce acusados. En su exposición, el magistrado encargado del Juzgado de Instrucción Número 1 de La Laguna afirma que la acusación no se produjo antes porque en los juzgados de la provincia tinerfeña sólo hay un escáner que debe turnarse entre todos los edificios judiciales.

Vicente Garrido entiende al respecto que si es el único motivo "no puede ser una justificación" y el juez puede haber incurrido en un defecto formal. Por ello, cree que ha de haber otras causas por las que el secreto de las actuaciones han durado tantos meses, y, lógi-camente, debe haber numero- sos autos del juez prorrogando las mismas.

El momento en que el juez Pamparacuatro ha decidido imputar a Clavijo no puede ser más delicado, pues han transcurrido dos meses desde que el actual alcalde de La Laguna fue elegido candidato de Coalición Canaria a la Presidencia del Gobierno en las elecciones autonómicas de mayo de 2015. Pamparacuatro imputa a Clavijo en cuatro delitos presuntamente cometidos en su función como alcalde de La Laguna, al interceder en ayudas para el realojo o en la contratación de un joven en una empresa, entre otras cuestiones. El juez puso escuchas telefónicas al primer edil.

No obstante, Clavijo argumenta que no ha hecho nada que no se ajuste a derecho y sus abogados así lo creen, por lo que reclaman que se le llame a declarar con la máxima celeridad para resolver esta situación cuanto antes, al objeto de que interfiera lo menos posible en su candidatura.