Miguel Zerolo, el aún senador de CC por designación autonómica, volverá a sentarse en el banquillo de los acusados por un presunto delito de corrupción. Será en relación con el caso las Teresitas y tras haber encontrado el juez instructor del Tribunal Supremo indicios de haber cometido los delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos durante su etapa de alcalde de Santa Cruz de Tenerife entre 1991 y 2011. El magistrado, Juan Ramón Verdugo, pedirá a la Sala de los Penal que solicite al Senado el suplicatorio para poder juzgar al exalcalde santacrucero, pero ese paso será muy probablemente innecesario ya que Zerolo tiene solicitada formalmente su baja como senador a partir del 31 de diciembre. Sería por tanto ante un juzgado ordinario de Santa Cruz de Tenerife ante el que debería responder el político nacionalista.

Este procedimiento del Supremo contra Zerolo se produce cuatro meses después de su condena a ocho años de inhabilitación para cargo público por prevaricación por la concesión de una obras en el caso García Cabrera en el año 2003, y a causa de la cual se tramita en el Senado una petición por parte de IU para que el senador nacionalista abandone inmediatamente su escaño. La Mesa del Senado ha encargado un informe jurídico al respecto y hoy mismo resolverá.

Zerolo también tiene pendiente un tercer proceso en el Supremo, en el llamado caso Fórum Filatélico, que requeriría formalmente de un suplicatorio del Senado si mantuviera su actual condición de aforado.

El auto emitido ayer por el instructor del caso Las Teresitas señala que de las diligencias de investigación, iniciadas en julio de 2012, se puede estimar como hechos "probablemente concurridos" que el entonces alcalde y además miembro del consejo de administración de Caja Canarias, perjudicó a las arcas municipales en 6.570 millones de pesetas (39 millones de euros) pagados de más en relación con la tasación pericial de unas parcelas junto a la playa capitalina. El auto considera que Zerolo puso en marcha determinados mecanismos administrativos cuya finalidad era la compra, por parte del Consistorio, de las once parcelas del frente de Las Teresitas a precios superiores a su valor de mercado.