La licencia de obra menor por la que Fernando Clavijo está imputado en el caso Corredor cuesta entre 47 y 70 euros en concepto de tasa municipal. El candidato de CC a la Presidencia del Gobierno de Canarias está acusado de los presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación por un trámite de un valor económico tan irrisorio. En él, además, las circunstancias no se ajustan a lo descrito por el juez en el auto del 11 de noviembre del año pasado en el que comunicó sus imputaciones, ni tampoco a los informes policiales y las conclusiones extraídas de los pinchazos telefónicos, según fuentes del Ayuntamiento de La Laguna consultadas ayer por este periódico.
Este dato del precio de la tasa para el trámite urbanístico fue utilizado ayer por un integrante del equipo del alcalde en el Ayuntamiento de La Laguna, consultado por LA PROVINCIA/DLP, para describir hasta que punto los hechos por los que se han imputado delitos a Fernando Clavijo son "menores", "irrelevantes" y "tergiversados". "Poner en peligro la carrera de un político entre otras cosas por una licencia de obra menor con una tasa que cuesta entre 47 y 70 euros parece bastante ridículo", matizó esta fuente.
Es una de las dos imputaciones que le quedan al también alcalde de La Laguna en esta causa después de que César Romero Pamparacuatro le haya retirado otras dos por presuntas irregularidades en la gestión de una orden de precinto del pub Utopía y su supuesta mediación para que Urbaser, empresa concesionaria del servicio de limpieza municipal, enchufara al sobrino de una representante vecinal. En ambos casos, el juez descartó que Clavijo contraviniera la ley.
El caso de la licencia tiene que ver con un bar que se encuentra en el barrio de La Cuesta, concretamente en la Plaza del Tranvía, llamado Caffé Plaza, y no La Estación como erróneamente ha escrito Pamparacuatro en sus últimos autos. Según la versión policial, en la que se basa Pamparacuatro para su imputación, Clavijo intercedió para agilizar la concesión de licencias a los dueños del Caffé Plaza "aún a sabiendas de que este establecimiento hizo reformas sin el oportuno permiso de obras". "Una vez finalizada la obra, los propietarios necesitan el permiso de apertura del local, que no se puede conceder sin haberse previamente dado el permiso de obra", señala un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (Udef) que figura en el sumario del caso Corredor y al que ha tenido acceso LA PROVINCIA/DLP.
Los agentes van más lejos y subrayan en el mencionado informe que "el alcalde da incluso instrucciones de cómo proceder en el periodo de tiempo que transcurre entre que se tramitan las licencias y se informa del inicio de actividades del negocio, pues indica a los propietarios que deben dejar pasar unos días para justificar que la obra se hizo de manera intensiva durante esos días para aparentar que se han cumplido los plazos".
La versión facilitada por el propio alcalde y por su equipo dista mucho, sin embargo, de la policial, lo que posiblemente se haya producido porque gran parte de las imputaciones se basan exclusivamente en escuchas telefónicas, que darían una visión parcial e incompleta. Por ejemplo, siempre según el equipo de Gobierno lagunero y tal y como se ha intentado acreditar ante el juez, los dueños del Caffé Plaza habían pedido una licencia para obra menor pero habían pasado cerca de dos meses y la Gerencia de Urbanismo no la había resuelto. El tiempo se había excedido de lo prometido por Clavijo dentro de las medidas que propuso para agilizar la burocracia administrativa y facilitar la actividad económica.
Clavijo exigía que estos trámites tardaran menos de un mes, razón por la que pidió a los técnicos que los resolvieran. Pero, además, al haber excedido el límite de un mes, los dueños del bar podían tener incluso la posibilidad de hacer las obras menores acogiéndose al derecho de silencio administrativo, siempre según la versión facilitada por el Consistorio lagunero. Y lo cierto es lo que sí está acreditado es que las hicieron sin licencia.
Normativa urbanística
La normativa urbanística lagunera establece que para este tipo de modificaciones en una vivienda o local su responsable debe pagar 47,36 euros de tasa si el presupuesto es inferior a 1502,43 euros y 70,98 euros si el presupuesto sobrepasa esa cantidad. Además, deberá abonar el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, el resultado de aplicar a la base imponible -que está constituida por el coste de ejecución material- el tipo de gravamen del 3,75%. En un presupuesto bajo como es el caso de las obras en el Caffé Plaza, este impuesto no superaría los 50 euros adicionales.
Las fuentes municipales y la defensa legal de Clavijo creen que la intervención de su teléfono durante dos años por asuntos tan cotidianos para un responsable de un ayuntamiento como éste es absolutamente desproporcionado, más cuando ha llegado a constituirse en una amenaza a su carrera política. Además, según estas fuentes, lo único que hizo el alcalde lagunero fue restablecer el perjuicio causado por la tardanza en la tramitación de la licencia para, de esa forma, permitir que los propietarios pudieran abrir el Caffé Plaza y crear actividad económica y puestos de trabajo.
Clavijo espera que con sus explicaciones y las de los técnicos y testigos que declararán en los próximos días estas dos imputaciones que le quedan también sean retiradas y quede todo aclarado. Por ejemplo, el próximo día 13 declara ante el juez, también en calidad de imputado por este asunto del Caffé Plaza, Francisco Barreto, vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Aguere. Y es que Barreto telefoneó a Clavijo para hacerle llegar los ruegos de los dueños del bar de que resolvieran los problemas con las licencias y poder poner en marcha el establecimiento.
Su testimonio puede ser clave, como también los que vendrán en los próximos días sobre el otro asunto por el que el candidato de CC a la Presidencia del Gobierno de Canarias sigue imputado: el presunto fraude en la concesión de las subvenciones para el realojo de dos de los afectados por la aluminosis de Las Chumberas, el asesor municipal Ricardo González, también presidente de la Comisión de Vecinos de Las Chumberas, y la edil socialista María José Castañeda.
El juez, a tenor de los informes policiales y de la Fiscalía, entiende que los pisos de González y Castañeda no estaban tan dañados como se había dicho y que sus rentas (superiores a 17.800 euros) no justificaban que recibieran dinero público (alrededor de 6.200 euros al año) para pagarse los alquileres de las casas a las que fueron trasladados tras apuntalarse sus viviendas de Las Chumberas.
Pamparacuatro ha llamado a declarar a José María Reyes, el funcionario que firmó la inspección del edificio en el que vivía Ricardo González, y a los técnicos que evaluaron los 40 bloques afectados.
