El ajuste prometido para el segundo semestre del año por el presidente en funciones del Gobierno de España, Mariano Rajoy -si logra conformar un gabinete tras las próximas elecciones- a su homólogo en la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, no concierne "en absoluto" a Canarias, según la consejera autonómica de Hacienda, Rosa Dávila.
"Está claro que el señor Rajoy dice una cosa y escribe otra, adquiriendo compromisos de futuro" , criticó ayer Dávila al término del Consejo de Gobierno, celebrado en la capital tinerfeña, antes de descartar con contundencia que los recortes que se lleven a cabo para ajustar el déficit público correspondan a las Comunidades Autónomas. A su juicio, "este ajuste que ha impuesto la Comisión Europea de pasar en 2017 del 2,9 al 2,5% se debe hacer en el seno de los presupuestos del Estado respecto a su propio gasto y, en ningún caso, puede pasar factura a Canarias, que ha sido una comunidad que ha cumplido con el más absoluto rigor todos los preceptos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria".
El Ejecutivo central debe pues asumir en solitario los futuros recortes y sin que ello, insistió Dávila, "siga poniendo en riesgo la caja de las pensiones". Es más, desde el punto de vista de la titular de Hacienda, Madrid debe "dar marcha atrás en decisiones que han tenido un marcado carácter electoralista, como las rebajas de impuestos", o bien optar por reducir los fondos para Defensa o el área que decida.
Revelada ayer, la carta de Rajoy a Juncker el pasado 5 de mayo logró aplazar hasta julio, después de las elecciones, la decisión comunitaria sobre una multa a España de hasta 2.100 millones como consecuencia de cerrar el ejercicio 2015 con un déficit del 5,1% del PIB, 10.000 millones por encima del objetivo (3% del PIB). Además de prometer más ajustes, el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno culpó, incluso, a las administraciones autonómicas y locales de "desvíos presupuestarios muy notables".
Igual que el Gobierno regional manifestaba ayer su temor ante lo que pueda suponer la misiva de nuevo para las Comunidades Autónomas, el presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez no duda en que los populares preparan "otro engaño masivo" al garantizar que no habrá más recortes sociales y que rebajará los impuestos, mientras que "confirma lo contrario" a la Unión Europea. Para Rodríguez, "se repite la misma estrategia de la mentira de 2011".
Tras calificar de "gravísimo" el contenido de la misiva a Juncker, el diputado regional insistió en que las intenciones del PP "hacen tambalear todos los asuntos negociados" por el presidente canario, Fernando Clavijo, con el gabinete estatal en relación al aumento del techo de gasto en 240 millones de euros, la condonación de los 160 millones de euros del Impuesto General por el Tráfico de Empresas (ITE), la nueva financiación autonómica o la tarifa plana en los vuelos interinsulares.
Precisamente Rosa Dávila lamentaba ayer que la incertidumbre política durante los cuatro meses pasados haya hecho imposible revisar el sistema de financiación a las comunidades -para sufragar los gatos en sanidad, educación y servicios sociales-, antes de insistir en que Canarias pierde con el modelo actual 700 millones de euros cada año. "Esperamos que después de la cita del 26 de junio haya mucho más diálogo y consenso. Todas las comunidades ansiamos que se forme lo antes posible" el futuro Ejecutivo estatal, sentenció Dávila, que compareció junto al consejero de Presidencia, Aarón Afonso.
Gobierno abierto
Por otro lado, el Consejo de Gobierno encomendó ayer al área de Presidencia la elaboración de una Estrategia de Gobierno Abierto que cumpla con los ejes de transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas y modernización administrativa.
No obstante, el encargo no contempla la aprobación de ninguna norma más allá de las actuales sobre participación ciudadana, vigente desde 2010, y transparencia, desde 2014, y el Estatuto de los altos cargos y el buen gobierno, en elaboración, según admitió Afonso. "Que no se vayan a aprobar nuevas leyes no significa que las actuales no estén sujetas a la revisión que consideremos", argumentó el consejero de Presidencia quien apuntó que "hemos entendido que para poder profundizar en lo que debe ser un gobierno abierto esta encomienda tiene que efectuarse con participación de la ciudadanía y de las organizaciones sociales y económicas".
