La crisis sanitaria abierta y las crecientes listas de espera, así como el impacto en las cuentas de la Comunidad Autónoma para 2017 de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de este año centrarán el primer pleno del Parlamento canario del nuevo período de sesiones, tras el parón estival.
En el debate, que comienza esta tarde, la oposición preguntará al presidente, Fernando Clavijo (CC), y a la vicepresidenta, Patricia Hernández (PSOE), por la deficitaria gestión en Sanidad y las medidas para reducir las listas de espera, que siguen en aumento, pese a que este área dispone de más fondos que en 2015. Además, el consejero del ramo, el socialista Jesús Morera, comparecerá por primera vez tras estallar la polémica ante el desvío presupuestario en el Servicio Canario de la Salud, que, de persistir, superará un desfase de 142,2 millones de euros a final de año en relación al presupuesto inicial. Este escenario choca con la exigencia del Estado de cumplir el objetivo de déficit público, y, a pesar de contar con más recursos que el anterior ejercicio, la lista de espera quirúrgica se ha disparado. De hecho, un total de 32.961 pacientes esperan por una operación, una cifra inédita. El PP, Podemos y Nueva Canarias exigirán explicaciones al respecto.
La controversia desatada en el control del gasto en Sanidad ha tensado la relación entre socialistas y nacionalistas en los últimos días.
Además, Morera tendrá que responder en la Cámara preguntas sobre las demandas de los pacientes de Oncología del Hospital General de Fuerteventura, cuyo malestar ha supuesto la convocatoria de una manifestación el 23 de septiembre.
El nuevo curso parlamentario arrancará también con cuestiones sobre la repercusión en las cuentas autonómicas de la continuidad de un Gobierno central en funciones y la prórroga del presupuesto estatal, que aboca a las Islas a un recorte de 400 millones de euros. Aparte de las preguntas al Ejecutivo, comparecerá la consejera de Hacienda, Rosa Dávila.
El orden del día incluye, entre otros asuntos, el debate sobre la ley de crédito extraordinario por 107,7 millones y la proposición de ley de modificación de la ley turística en La Palma, La Gomera y El Hierro, conocida como la ley de las islas verdes.
