El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vigila el embrollo en los juzgados en torno a los magistrados Salvador Alba y Victoria Rosell y el empresario Miguel Ángel Ramírez. Un conflicto que pone en entredicho la credibilidad, la independencia y el prestigio de la judicatura. El presidente del órgano de gobierno de los jueces y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, sigue al detalle y con preocupación el lío judicial que ha vuelto a la escena pública. Estalló justo coincidiendo con la apertura del año judicial en Canarias y que salpica a jueces, empresarios, políticos y periodistas.
La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Margarita Varona, que instruye la causa penal abierta contra Alba, tiene en su poder un informe de la Guardia Civil basado en un archivo de audio de más de una hora que contiene la conversación íntegra que mantuvieron el 16 de marzo el magistrado de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas y el propietario del Grupo Ralons y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. En aquella fecha Alba sustituía a Rosell en el Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria, que investigaba a Ramírez por presunto fraude a Hacienda y la Seguridad Social.
La charla completa se halló en la papelera de la grabadora digital utilizada por Ramírez para captar la conversación, en la que supuestamente Alba orienta al empresario sobre lo que debía declarar en el juzgado para perjudicar a la magistrada Rosell, entonces diputada nacional de Podemos por Las Palmas.
El testimonio de Ramírez favoreció la admisión a trámite en el Tribunal Supremo de una querella del exministro de Industria, Energía y Turismo y expresidente del PP en las Islas, José Manuel Soria, contra Rosell por presuntos delitos de retardo malicioso en la Administración de Justicia, prevaricación y cohecho en la causa contra Ramírez. Rosell, para su defensa, decidió dimitir como parlamentaria a finales de abril y este procedimiento se trasladó al TSJC.
La prueba pericial realizada por el Instituto Armado pone en duda la versión que el empresario dio sobre los audios aportados en un primer momento, que duraban casi 32 minutos. Él se los entregó el 11 de mayo a la juez Carla Vallejo, que sustituyó a Alba en el juzgado de Instrucción número 8 y derivó la causa al TSJC al atribuir al magistrado la posible comisión de varios delitos.
Los peritos de la Guardia Civil concluyen ahora en su estudio que la grabación duró 45 minutos más y comprueban que las dos grabaciones están compuestas por catorce cortes distintos: once en el primer audio y tres en el segundo, editados a partir de la grabación completa.
Tras lo acontecido, Alba ha solicitado al TSJC el archivo de su causa, mientras que Ramírez niega que la grabación esté manipulada.
A ello se añade que Alba ha interpuesto una querella contra sus homólogas Rosell y Vallejo por presuntos delitos de prevaricación, injurias y calumnias continuadas.
En medio de esta telaraña de acusaciones, en el documento sonoro ahora descubierto, sujeto a limpieza de ruido y verificación por parte del Departamento de Ingeniería del Servicio de Criminalística de la Benemérita, aparece el nombre de José Manuel Soria y de varios miembros de la magistratura, entre ellos el presidente de la Audiencia de Las Palmas, Emilio Moya, que entró en el despacho de Alba durante su encuentro con Ramírez, y se menciona a Carlos Vielba, asiduo a la tribuna del Estadio de Gran Canaria. Salen a relucir muchos nombres, entre otros la secretaria general de Podemos en el Archipiélago, Meri Pita, y el famoso Francisco Nicolás Gómez, conocido como el pequeño Nicolás.
Durante la charla distendida entre Alba y Ramírez, de 77 minutos de duración se alude a otros magistrados, que aparecen de forma tangencial y, sin saberlo, se ven salpicados por el enredo judicial que envuelve a los principales protagonistas.
El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, está al tanto de todo lo que ocurre en relación a este entramado, sigue cada novedad y recaba toda la información a través del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en el ánimo de intentar amortiguar al máximo el escándalo social y el daño a la imagen de descrédito que amenaza a la judicatura, para cuyos componentes no hay nada más preciado que su honorabilidad y su independencia.
El Poder Judicial considera que este conflicto es sumamente delicado y, aparte del revuelo que genera en la Ciudad de la Justicia, en la capital grancanaria, le inquieta que trascienda ante la ciudadanía la sensación de que se recurre a la Justicia para saldar cuentas pendientes, recelos, animadversiones y manías entre magistrados, empresarios y políticos. Y más si cabe cuando hasta ahora se conoce sólo una parte de la grabación y una difusión parcial puede mancillar la trayectoria de profesionales que se ven afectados de forma colateral. A ningún magistrado le gusta tener una mancha en su expediente y menos si una historia truculenta de este calibre, en la que no tiene nada que ver, le puede afectar en aspiraciones futuras, es decir, puede entorpecer o vetar la intención de alguien de ascender o distorsionar la imparcialidad y neutralidad que se presume en las resoluciones judiciales.
El CGPJ anunció el 12 de mayo la apertura de un expediente disciplinario a Alba por el contenido de la grabación difundida, pero aún no se ha adoptado ninguna decisión. El encargado de la investigación en el Consejo es Antonio Fonseca-Herrero, que mantiene en stand by el caso a la espera de que se resuelva el procedimiento en el TSJC y éste se pronuncie sobre las posibles consecuencias penales o no. Una vez se dictamine, entonces se actuará en el ámbito disciplinario.
Entretanto, la responsabilidad recae en el TSJC, cuyo presidente, Antonio Doreste, defendió precisamente esta semana, con motivo de la inauguración del año judicial, la independencia de los cerca de 270 jueces y magistrados que conforman la plantilla en las Islas, una independencia, "claramente demostrada y constitucionalmente protegida". Además de ensalzar la independencia de los fiscales y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en su lucha contra la corrupción, pese a depender jerárquicamente del poder Ejecutivo.
"La independencia es una muestra de la salud de nuestro sistema represivo", aseguró Doreste, quien, en aras a la prudencia, guardó silencio sobre las dos causas que atañen a Rosell y Alba, pues forma parte de los órganos que deben enjuiciar a ambos, una papa caliente que marcará, sin duda, el paso de Doreste al frente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
