El primer debate plenario sobre la Ley del Suelo se saldó ayer con un amplio rechazo a las enmiendas a la totalidad de Podemos y Nueva Canarias ya que 47 diputados votaron en contra de las mismas y solo 12 -la suma de los dos grupos enmendantes - las respaldaron. Todos los grupos coincidieron en que es necesaria una norma única que regule y ordene el caos legislativo que incide sobre la ordenación del territorio en las Islas, pero los críticos consideran que el texto presentado por el Gobierno es "desarrollista", crea 88 realidades distintas al dejar el planeamiento en manos de los ayuntamientos y facilita la utilización del suelo rústico para actividades que no le son propias, en perjuicio del sector primario.
A pesar de su enmienda a la totalidad, el portavoz de NC, Román Rodríguez, abrió la puerta a alcanzar un consenso en torno a las modificaciones pactadas entre el PSOE y CC, introducidas en la adenda suscrita por las dos formaciones para salvar el pacto regional. Sin embargo, el PP advirtió que estos cambios pueden acabar con su rechazo a la ley porque no está de acuerdo en que la evaluación ambiental de los planes esté en manos del Gobierno.
La portavoz de Podemos en la Cámara regional, Noemí Santana, acusó al Gobierno de Fernando Clavijo de realizar un "traje a medida" de los empresarios y de olvidarse de la mayoría social de las Islas. En su opinión, este texto "evidencia la causa de todos los males de esta tierra" y representa la unión de los tres principales partidos "que llevan 30 años provocando el retraso de una tierra que está cansada de ser el juguete roto de la clase política".
Santana no ahorró en calificativos para descalificar la iniciativa legislativa, tachándola de "golpe a la democracia". El proyecto de Ley del Suelo "apuesta por un modelo desarrollista, crea 88 reinos de taifas y atenta contra el suelo rústico y los espacios naturales protegidos", criticó la portavoz de la formación morada.
Por su parte, Román Rodríguez criticó que se trate de una ley que no cuenta con un diagnóstico previo serio sobre la situación territorial de las Islas y que se haya redactado "en los despachos" sin suficiente participación y consenso. El dirigente de NC recordó que relevantes personalidades de CC y del PSOE se oponen a la iniciativa, caso de Paulino Rivero, Tomás Padrón o Juan Fernando López Aguilar. En opinión de Rodríguez, el texto está redactado por el "núcleo duro" de ATI, que ha tenido que ceder ante el PSOE para salvar el pacto regional.
El expresidente del Gobierno indicó que el texto encierra una clara "desestructuración" de Canarias porque el Gobierno regional renuncia a sus competencias y a la cohesión territorial de las Islas. Asimismo, rechazó que se puedan construir instalaciones turísticas en el suelo rústico.
Uno de los principales defensores de la ley fue, además de los grupos que apoyan al Gobierno, el portavoz del grupo Mixto, Casimiro Curbelo, que acusó a Podemos y NC de no conocer la verdadera realidad de las Islas. Curbelo defendió que los ayuntamientos y cabildos son suficientemente "maduros y responsables" para asumir las competencias en planeamiento que les otorga el texto.
El portavoz del PP, Miguel Jorge Blanco, defendió los principios de la ley porque concuerdan con los planteamientos de su partido en torno al territorio, pero sí advirtió al presidente Fernando Clavijo que su respaldo en el debate final de la ley está en duda si los cambios que introducirá el pacto vulneran estos principios. "Puede tener hasta 48 diputados frente a 33, es su elección", le advirtió Jorge Blanco.
La socialista Nayra Alemán se congratuló de que se vaya a recoger en el texto una iniciativa "irrenunciable" para el PSOE como es que la evaluación ambiental de los planes la haga un órgano dependiente de la Comunidad Autónoma. El portavoz de CC, José Miguel Ruano, tachó de "populistas" y "demagógicas" las enmiendas a la totalidad y afirmó que se trata de un proyecto "excelente" adaptado a la realidad actual de Canarias.
