El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que preside el magistrado Joaquín Astor Landete, decidió ayer, en la vigesimosexta sesión del juicio penal por el caso de Las Teresitas no admitir una prueba documental que presentó al inicio de su declaración como acusado el exgerente de Urbanismo en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife José Tomás Martín González.
Astor Landete dio la razón a las pretensiones del abogado Jorge Muñoz, que defiende en este procedimiento al exalcalde Miguel Zerolo, quien impugnó dichos documentos al "desconocer las garantías de veracidad" de los mismos. A estas pretensiones se sumaron los letrados de los empresarios Antonio Plasencia, Ignacio González y los de las tres promotoras propiedad de los anteriores.
En suma, los documentos que fueron rechazados por Astor Landete son un borrador y una propuesta del convenio de compraventa de las parcelas del frente de playa de Las Teresitas con fecha del 19 de junio y del 2 de julio de 2001, respectivamente, en los que se establecen las condiciones de compraventa, el precio de los terrenos y la forma en la que se iban a pagar las once parcelas que el Ayuntamiento capitalino había acordado comprarle a Inversiones Las Teresitas (ILT), sociedad mercantil administrada por los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González.
El borrador y la propuesta, de los que se dio traslado en copia autorizada por el tribunal a todas las partes personadas en la causa pero que finalmente no serían admitidos por el magistrado presidente, vendrían a desmontar la versión que defendió el exalcalde Miguel Zerolo el pasado lunes durante su declaración como encartado.
Dijo entonces el exmandatario municipal que fue a "finales del mes de junio de 2001" cuando Ignacio González le impuso como ultimátum el precio de las parcelas fijándolo en 8.750 millones de pesetas (52,5 millones de euros). Aseguró Zerolo que el empresario le manifestó entonces su "hartazgo con las negociaciones" de la compraventa de las parcelas del frente de playa y que, después de haber bajado el precio inicial que ILT había fijado en 12.000 millones de pesetas, no reduciría su oferta más allá de los 8.750 millones. "Si no aceptábamos don Ignacio aseguró que metería las palas para comenzar a levantar los hoteles y centros comerciales proyectados tal y como le amparaba la sentencia del Tribunal Supremo de junio de 1998".
El exalcalde señaló que, a partir de ahí dio instrucciones al entonces edil de Urbanismo Manuel Parejo para ver la "viabilidad legal y económica de la operación".
Sin embargo, el borrador del Convenio urbanístico para la reordenación del ámbito del Plan Parcial playa de Las Teresitas y para viabilizar su desarrollo -como reza en el encabezado del mismo- que fue presentado por sorpresa por el exgerente de Urbanismo en la jornada de ayer, deja constancia por escrito a fecha de 19 de junio de 2001 no solo el precio acordado de la compraventa de las parcelas, sino que también figura la forma en la que se acuerda realizar los pagos, según la cual se abonaría el 60% del importe en el momento de la firma del convenio por ambas partes, y el resto "dentro del mes siguiente a la presentación completa y conforme a los requisitos exigibles del Proyecto de adaptación y actualización de la urbanización de la Unidad B -que correspondería a los terrenos de la zona del Valle de Las Huertas-".
En el segundo documento aportado por José Tomás Martín, y que tiene fecha de 2 de julio, hay mucha más documentación reseñada, que aparece en los espacios que en el borrador figuran en blanco o entre paréntesis. Además, hay una modificación en relación a los porcentajes de la cantidad fijada y pactada de antemano que se abonarían tras la rúbrica del convenio. Así, el primer pago correspondería al 65% de la cantidad acordada y que se llevó a cabo endosando un cheque por valor de 5.687.500.000 pesetas (34.182.563,43 euros) a la firma de la escritura pública, y el 35% restante, 3.062.500.000 pesetas (18.405.995,70 euros), "dentro de los seis meses siguientes a la firma de la citada escritura".
Dichos documentos demostrarían no solo que habría un acuerdo entre la Corporación local y los empresarios propietarios de las parcelas con anterioridad a las fechas reseñadas por el alcalde en su declaración, sino que el acuerdo entre las partes se tomó con más de un mes de antelación del pleno municipal extraordinario celebrado el 23 de julio de 2001 en el que se aprobó por unanimidad el expediente de compraventa.
Los documentos vendrían a desmentir al exalcalde y también al exconcejal de Urbanismo, quienes aseguraron el pasado lunes que la cuantía final no se estableció hasta recopilar los informes del área económica del Ayuntamiento y se formalizó la compra, el 18 de septiembre de 2001.
Pese a la importancia que le dieron a ambos documentos la fiscal Anticorrupción, el letrado de la acción popular y el abogado del Ayuntamiento, Astor Landete no los admitió como prueba señalando que los documentos "solo pueden vincular a quien los tiene" y la información contenida en ambos escritos había sido referida en el interrogatorio practicado ayer mismo a Martín González, por lo que el tribunal la valorará en esos términos.
En su declaración, el exgerente de Urbanismo señaló que en el tiempo en que estuvo en el cargo -desde octubre del 2000 a diciembre de 2007- "nunca" oyó una alternativa distinta a la compraventa de las parcelas del frente de playa aunque admitió que "oficialmente" tras el acuerdo adoptado en el pleno municipal del 19 de enero en el se aprobó el convenio marco de Las Teresitas, "se contemplaban otras posibilidades para hacerse con el frente de playa, como la permuta de terrenos o el traslado de aprovechamientos".
Aseguró que "todo el asunto de Las Teresitas lo llevaba en primerísima persona el concejal Manuel Parejo, quien decretó la atribución del expediente al secretario delegado de la Gerencia de Urbanismo, Víctor Reyes". En el mismo sentido indicó que pese a ser el gerente "no tenía capacidad de gestión", ya que esta recaía en el entonces concejal.
Martín González admitió que conocía el informe que Parejo le encargó a la exarquitecta municipal Pía Oramas. Dicho estudio, según la "opinión unánime y contundente" de los asesores jurídicos del concejal de Urbanismo y del jefe del servicio de planeamiento, Epifanio Gómez, era que los condicionantes en los que Oramas fijaba el valor de los terrenos "carecían de sustento". De igual manera reconoció la existencia de otros dos estudios, uno de la Universidad Carlos III, y otro, de Pool Gest. Según dijo, ambos trabajos daban un valor aproximado al señalado por Oramas en su valoración aunque nunca conoció su contenido, "sino una copia de síntesis". Aseguro que el exedil de Urbanismo fue quien decidió que no se incorporaran al expediente de compraventa ya que, según decía, "eran estudios de consumo interno".
El exgerente de Urbanismo recordó que en abril de 2001 se inició el expediente de compraventa y Parejo decidió encargar una tasación externa a Sociedad de Tasación (Sotasa), que valora las parcelas en 46 millones de euros. "En junio se fijó el precio de venta en 52,5 millones de euros, pero como era superior al de Sotasa, Parejo le indicó que consultara con la tasadora si le parecía razonable el precio, pero Sotasa lo rechazó", declaró.
En este contexto, señaló que "ningún funcionario de la Gerencia de Urbanismo se prestaba a dar el visto bueno al precio pactado", por lo que se lo comunicó a Parejo quien, de nuevo le dio instrucciones "por indicación de Zerolo" para que contactara con Tinsa, la tasadora que había valorado las parcelas compradas por ILT a la Junta de Compensación en 1998, dando ahora un resultado de 63 millones de euros.
Lo relevante de este último apunte hecho por José Tomás Martín es que la fecha en la que se hizo el encargo a Tinsa fue el 28 de junio, cuando hacía ya tiempo, según se refleja en los propios documentos mostrados ayer por el declarante, que se había acordado el precio de 8.750 millones de pesetas.
La fiscal no se conformó con la buena disposición de Martín González y le recordó que era jurista al señalarle que en la memoria explicativa que realizó del expediente no hizo constar las tasaciones más bajas. Dijo que se limitó a cumplir la instrucción dada por el secretario de Urbanismo Víctor Reyes.
